El mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien asumió recientemente la Dirección General de la Policía Nacional, estableció un plazo de 30 días para que los funcionarios de la institución obligados por ley presenten su declaración jurada de patrimonio. La disposición viene acompañada de una advertencia clara: quienes no cumplan serán destituidos de sus cargos.
Un memorándum dirigido a toda la cúpula policial
La orden quedó plasmada en un memorándum interno fechado este 22 de agosto, dirigido a los directores centrales, regionales y de áreas, así como a los comandantes departamentales de la institución. En el documento, Rodríguez García instruye a los funcionarios alcanzados por la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y su reglamento de aplicación establecido mediante el Decreto 92-16, a formalizar su declaración ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El plazo de 30 días comenzará a contar a partir de la recepción del memorándum por parte de cada funcionario.
Destitución inmediata para quienes incumplan
El memorándum no se limita a fijar un plazo: también detalla las consecuencias para quienes hagan caso omiso a la orden. Según el texto, los miembros que no presenten su declaración quedarán inmediatamente destituidos de su función, además de enfrentar sanciones adicionales conforme a los reglamentos vigentes de la institución.
La disposición fue remitida también al inspector general y al director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, lo que sugiere que el cumplimiento será supervisado directamente desde esas dependencias.
La primera gran orden del nuevo director
Esta medida llega apenas días después de que Rodríguez García asumiera el mando de la Policía Nacional, tras la salida de Andrés Modesto Cruz Cruz. El nuevo director ha colocado el fortalecimiento de la disciplina interna y la reforma institucional entre sus principales prioridades, y este memorándum representa su primera disposición administrativa formal con consecuencias explícitas para los incumplidores.
La Ley 311-14 obliga a determinados funcionarios públicos a declarar el origen de su patrimonio y sus variaciones, como mecanismo de transparencia sobre los bienes de quienes ejercen funciones públicas.
