El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el próximo 2 de octubre la audiencia del juicio de fondo que se le sigue al segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, Orlando Ramírez Medina, acusado de violencia de género, intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja, de nacionalidad venezolana.
La decisión fue adoptada debido a la falta de quorum en el tribunal, al estar presente una sola jueza de la plantilla colegiada. La procuradora adjunta María del Carmen de León, representante del Ministerio Público, deploró los constantes contratiempos e inhibiciones de jueces que han impedido el avance del proceso judicial, el cual suma casi seis años de retrasos acumulados.
Detalles de la acusación y las agresiones
De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía de San Pedro de Macorís y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), el imputado agredió en reiteradas ocasiones a la víctima de manera física, verbal y psicológica.
El expediente señala que:
- Agresiones físicas y amenazas: El 13 de noviembre de 2019, en el sector Hazim de San Pedro de Macorís, el oficial golpeó y amenazó de muerte a la víctima. Evaluaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificaron múltiples traumas en el cráneo, extremidades, tórax, y la pérdida de uñas en la mano derecha de la mujer.
- Secuelas psicológicas: Informes periciales determinaron que la víctima presenta cuadros severos de ansiedad, insomnio y depresión a causa de la violencia sistemática.
- Trata de personas: El Ministerio Público estableció que Ramírez Medina contactó a la mujer por redes sociales, facilitó su llegada al país y posteriormente la sometió a explotación laboral, abuso de poder y restricción de su libertad ambulatoria mediante amenazas constantes de deportación.
El equipo litigante
El órgano de persecución penal reiteró que se encuentra listo para presentar las pruebas y lograr una condena contra el militar, recordando que el caso involucra graves vulneraciones a los derechos fundamentales y pactos internacionales como la Convención de Palermo.
El equipo acusador está integrado por la procuradora adjunta María del Carmen de León; la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la PETT; y la fiscal América Ramírez.
