La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación de Colombia firmaron un acuerdo para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), destinado a optimizar la cooperación jurídica internacional y fortalecer la persecución penal contra la delincuencia organizada transnacional.
El convenio fue suscrito por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, en un acto que contó con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e integrantes de las delegaciones diplomáticas y judiciales de ambas naciones.
Enfoque operativo contra la trata y el rastreo financiero
El acuerdo, ajustado a la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los ordenamientos procesales penales de ambos países, incluye un plan operativo de ejecución inmediata enfocado prioritariamente en desmantelar las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes.
Durante el acto de firma, las titulares de los ministerios públicos destacaron los puntos clave de la alianza:
- Prioridad institucional: La procuradora Yeni Berenice Reynoso enfatizó que la trata de personas es un delito de alta prioridad que comercializa con seres humanos en condiciones análogas a la esclavitud, destacando la necesidad de aplicar mecanismos holísticos y ágiles para proteger a las víctimas dominicanas, colombianas y de otras nacionalidades.
- Persecución de finanzas criminales: La fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo Garzón, señaló que el ECI permitirá compartir metodologías de investigación y rastrear la ruta del dinero que financia el traslado transnacional de víctimas entre ambas naciones, coordinando acciones conjuntas de recolección de pruebas e inteligencia.
Marco legal y cooperación internacional
El ECI firmado con Colombia constituye el segundo mecanismo de esta naturaleza establecido por la República Dominicana —tras el acordado previamente con Chile— y se ampara en las disposiciones del Código Procesal Penal dominicano relativas a las investigaciones conjuntas bajo control judicial.
El instrumento habilita el intercambio directo de evidencias físicas, elementos probatorios y medidas procesales de manera coordinada entre fiscales dominicanos y colombianos. La iniciativa cuenta con la asistencia logística de la UNODC a través de proyectos de cooperación respaldados por donantes internacionales como la Unión Europea y el Gobierno de Canadá.
