El especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana, a través de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT), advirtió que cobrar por la entrega de datos públicos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) sienta un precedente excluyente que frena la transparencia, obstaculiza la fiscalización ciudadana y representa una «modalidad de privatización» de la información.
Las declaraciones de Díaz Santana surgen tras la controversia entre el Grupo de Medios Panorama y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Luego de que la SIPEN rechazara originalmente entregar datos sobre las cuentas inactivas en el sistema de capitalización individual, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió un recurso de amparo ordenando la entrega de la información. Sin embargo, el tribunal posteriormente dispuso que el medio debe pagar RD$380,000 y esperar un plazo de 180 días hábiles para la entrega del informe.
Díaz Santana detalló los puntos clave en torno a esta situación:
- Posición de la SIPEN: El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, explicó que operativamente no existen cuentas «inactivas» porque todos los fondos permanecen invertidos generando rentabilidad. Justificó el cobro alegando que la consolidación de la información solicitada requiere de un complejo e intenso esfuerzo técnico.
- Impacto en las organizaciones sociales: Díaz Santana enfatizó que exigir sumas cuantiosas resulta prohibitivo para sindicatos, gremios y fundaciones sin fines de lucro que buscan fiscalizar el sistema sin intenciones comerciales.
- Financiamiento del sistema: El especialista recordó que son los propios trabajadores quienes sostienen económicamente a la SIPEN y a la SISALRIL con sus cotizaciones mensuales, por lo que resulta paradójico que deban pagar para acceder a datos sobre sus propios fondos.
El fundador de la FSSPT hizo un llamado urgente a reconsiderar la monetización del acceso a la información pública, advirtiendo que esta práctica sienta un precedente negativo que podría ser utilizado por futuros funcionarios para bloquear el escrutinio social sobre los recursos del sistema de pensiones.
