Santo Domingo. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ratificó el interés del Gobierno dominicano en incorporar la energía nuclear dentro de su matriz de generación eléctrica, como una estrategia clave para respaldar las proyecciones de desarrollo y crecimiento económico de la República Dominicana en los próximos años.
Durante la apertura del «Taller Regional sobre la Implementación y Presentación de Informes en virtud del Protocolo Adicional», el titular de la cartera energética explicó que el país tiene la meta de duplicar el tamaño de su economía en un plazo de 15 años. Para alcanzar esta meta, sostuvo que es indispensable garantizar nuevas fuentes de energía seguras, estables y eficientes.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, destacó el compromiso de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, en fortalecer las alianzas bilaterales en materia nuclear civil. Campos afirmó que la nación norteamericana busca apoyar los objetivos de seguridad de sus aliados mediante tecnologías nucleares innovadoras respaldadas por décadas de liderazgo en seguridad y no proliferación.
En el plano técnico, el viceministro de Energía Nuclear, Gaddis Corporán, señaló que el encuentro regional sirve para intercambiar buenas prácticas y afianzar mecanismos interinstitucionales entre los países participantes. En ese marco, Laura Fresco, representante del Departamento de Energía de Estados Unidos, valoró la colaboración de República Dominicana para promover la aplicación de las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en América Latina.
El evento concluyó con la entrega de certificados a las delegaciones participantes y la reafirmación del compromiso conjunto para promover el uso pacífico de la tecnología nuclear en beneficio de la región.
Sobre el Protocolo Adicional
El seminario regional se enfocó en fortalecer la implementación del Protocolo Adicional de la OIEA en los países de América Latina donde está vigente. Este acuerdo complementa las salvaguardias existentes y amplía la facultad de los organismos internacionales para verificar que las actividades e infraestructuras nucleares de los Estados se mantengan exclusivamente en un marco pacífico.
