El Ministerio Público informó este martes que apelará la decisión de primera instancia en el caso por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros procesados, con el objetivo de lograr la revocación de las sentencias absolutorias y el incremento de las condenas para los hallados culpables. El órgano acusador sostiene que el entramado distrajo más de 5,000 millones de pesos del erario.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), argumentó que las penas impuestas por el tribunal no son proporcionales a la magnitud de los hechos imputados.
La audiencia de apelación, que debía iniciar este martes en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue aplazada para el próximo 15 de septiembre de 2026 a las 10:00 a.m. La suspensión se produjo luego de que uno de los imputados presentara una licencia médica. Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel establecieron que las audiencias se celebrarán los días martes.
Antecedentes de la sentencia
El recurso busca modificar la resolución dictada en agosto del año pasado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. En ese fallo, Medina Sánchez fue sentenciado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de soborno, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores.
Durante el juicio de primera instancia, el tribunal validó las pruebas sobre irregularidades en la adjudicación de contratos en el Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y la Policía Nacional, institución en la que se constató un déficit en la entrega de combustibles valorado en aproximadamente 32 millones de pesos.
En la misma decisión, se dictaron penas de seis años de prisión para José Dolores Santana Carmona y de cinco años para otros seis coimputados, incluyendo a Víctor Matías Encarnación, quien recibió pena suspendida tras un acuerdo con el Ministerio Público. Asimismo, se ordenó el pago de 500 millones de pesos al Estado dominicano, sanción que abarca a varios de los procesados y a 18 empresas vinculadas.
Por otro lado, el tribunal dictó sentencias absolutorias a favor de 13 personas, entre las que figuran Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina, Freddy Hidalgo y Rafael Antonio Germosén, así como a las empresas Cemeraf y Editorama. El Ministerio Público procura que la corte de alzada revierta estos descargos.
