La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a las sociedades comerciales Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., tras desestimar los recursos de reconsideración presentados por ambas entidades contra el acto administrativo núm. DGCP44-2025-004600, emitido el 20 de noviembre de 2025.
El órgano rector explicó que la decisión mantiene la inhabilitación temporal de ambas empresas mientras la Procuraduría General de la República (PGR) avanza en las investigaciones penales sobre presuntos delitos contra la Administración pública cometidos en licitaciones estatales. Ambas compañías forman parte de un grupo de 20 sociedades comerciales cuyos registros fueron suspendidos a finales del año pasado, luego de que una indagatoria junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría revelara indicios de una red que manipulaba procesos de contratación mediante prácticas fraudulentas para afectar la libre competencia.
Sustento legal y carácter preventivo
Mediante las resoluciones motivadas RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026, la DGCP precisó que la suspensión del RPE no representa una sanción penal ni una condena anticipada que vulnere la presunción de inocencia. Por el contrario, se trata de una medida cautelar y preventiva amparada en el artículo 25 de la Ley núm. 107-13 de Procedimiento Administrativo, así como en el régimen de inhabilitaciones de la Ley núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación núm. 416-23.
La institución subrayó que la condición de proveedor activo del Estado no es un derecho inmutable ni absoluto, sino que exige el cumplimiento continuo de principios de integridad, transparencia e idoneidad. Al evaluar los recursos, la DGCP concluyó que ninguna de las empresas aportó pruebas ni documentación capaces de desmontar los fundamentos legales de la medida inicial, priorizando la protección del interés general y la prevención de la corrupción sobre las expectativas comerciales privadas.
Notificación a órganos de persecución y control
Siguiendo el protocolo institucional, las resoluciones fueron notificaciones a las siguientes entidades para los fines legales correspondientes:
- Procuraduría General de la República (PGR)
- Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)
- Contraloría General de la República (CGR)
- Cámara de Cuentas
- Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
El texto íntegro de ambas resoluciones se encuentra disponible para consulta pública en el apartado Marco Legal del portal institucional (www.dgcp.gob.do). Con esta ratificación, el órgano rector reiteró su compromiso de resguardar los fondos públicos y blindar el sistema de compras estatales.
