La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión de oficio del procedimiento de licitación pública nacional núm. ASC-CCC-LPN-2026-0003, emitido por el Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal para la recolección y transporte de residuos sólidos (2026-2028), valorado en RD$ 240,000,000. La decisión responde a violaciones detectadas a la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.
Irregularidades técnicas y falta de estudios
La medida cautelar, ratificada en el acto administrativo núm. MONITOREO-34-2026, fue dispuesta luego de un monitoreo preventivo en el que se constató la ausencia de estudios previos obligatorios. Asimismo, el órgano rector identificó incoherencias en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones que vulneran los principios de libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Dentro de las anomalías señaladas en el pliego figuran:
- Exigencia contradictoria de contar con instalaciones operativas previas al compromiso de presentación a 30 días.
- Requisito desproporcionado de experiencia en municipios de alta densidad junto a la exigencia estricta de domicilio local.
- Ambigüedades en la distinción entre el domicilio legal y los centros de operaciones.
Identificación de vínculos familiares y societarios
Durante la fase de debida diligencia sobre la oferta técnica presentada por la empresa habilitada, Producciones D&P San Cristóbal, la DGCP verificó los contratos de arrendamiento para sus operaciones comerciales. En dichos documentos figura como titular del inmueble Alicia Aurora Uribe Domínguez en conjunto con Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa.
De acuerdo con la documentación registrada en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), Ruiz de la Rosa formó parte del órgano de administración de Producciones D&P San Cristóbal hasta el año 2023 y mantiene un vínculo de parentesco familiar con el alcalde del municipio, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
Notificación y ejecución
La suspensión del procedimiento fue aplicada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). La DGCP notificó formalmente la resolución al Ayuntamiento de San Cristóbal para los fines legales pertinentes.
