Un análisis sobre el régimen patrimonial e inmobiliario presentado por el investigador de mercado Isaías Medina, del canal Capital Inmobiliario, señala que la caducidad del artículo 767 del Código Civil Dominicano ha generado un vacío legal respecto a la porción hereditaria que corresponde a los cónyuges sobrevivientes en la República Dominicana.
El estudio analiza el impacto de esta falta de regulación en las transacciones de inmuebles acumulados durante la convivencia en pareja.
Vacío legislativo tras fallo del Tribunal Constitucional En mayo de 2023, el Tribunal Constitucional (TC) dictó la sentencia TC/0267/23, declarando inconstitucional el artículo 767 del Código Civil por atentar contra la dignidad humana. Dicho artículo estipulaba que el cónyuge solo heredaba a falta de parientes en grado hábil de suceder o hijos.
El fallo fijó un plazo de dos años para que el Congreso Nacional legislara y reconociera explícitamente al cónyuge sobreviviente y a la pareja consensual como sucesores regulares. Al vencer el plazo en mayo de 2025 sin la promulgación de una nueva ley, la disposición quedó anulada sin un reemplazo normativo. Debido a esto, aunque el cónyuge tiene estatus de heredero regular, la porción exacta que le corresponde frente a otros herederos carece de definición legal y depende de la interpretación judicial directa de la Constitución.
Régimen de bienes y el impacto en las uniones de hecho El informe detalla los aspectos clave que condicionan la titularidad de los bienes inmuebles tras el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja:
- Derecho de propiedad previa: Bajo el régimen de comunidad de bienes (modificado por la Ley 189-01), el 50% de un inmueble adquirido durante el matrimonio pertenece de origen al cónyuge sobreviviente. Por tanto, ese porcentaje no entra en la masa hereditaria, sino que constituye una copropiedad. El 50% restante es el que conforma la herencia a repartir.
- Situación de la unión libre: Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, el 35.1% de la población mayor de 20 años en el país vive en unión libre, frente al 20% que está casado. Aunque la Constitución reconoce derechos patrimoniales a las uniones consensuales estables, la ausencia de un registro civil de estas relaciones dificulta la acreditación de derechos sobre inmuebles en procesos sucesorales sin actos notariales o testamentos previos.
- Aspectos impositivos: El análisis destaca la vigencia de la Ley 30-26 de junio de 2026, la cual fija en un 3% el impuesto aplicable a las donaciones de inmuebles en línea directa y entre cónyuges, como alternativa de transferencia en vida.
