El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, el capitán Nelson Valdez y otros cuatro implicados en la sustracción y venta ilícita de municiones y pertrechos de la institución.
La decisión fue adoptada por la jueza Patricia Padilla tras acoger la solicitud formulada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representada en el proceso por su titular, Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel.
Condenas, medidas y resoluciones del tribunal Como parte del proceso, el tribunal acogió parcialmente un acuerdo con el imputado Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien fue condenado a cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de sus bienes incautados. La sentencia dispuso también el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
- Rechazo de procedimiento: La magistrada rechazó la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada a favor de Miguelina Bello Segura, ordenando la continuación del juicio en su contra.
- Variación de coerción: A los procesados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez se les varió la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos mediante fianza, impedimento de salida del país y presentación periódica. Para Víctor Manuel Santos Rodríguez se mantuvieron las medidas no privativas de libertad previamente impuestas.
Detalles de la acusación La estructura fue desmantelada en noviembre de 2024 mediante la Operación Pandora. De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, los acusados integraron una red que desfalcó al Estado por un monto de 92,191,732.92 pesos mediante la comercialización ilegal de pertrechos bajo su custodia.
El grupo enfrenta cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, así como infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
