Mientras miles de dominicanos revisan con desconfianza el monto que les llega cada mes por el servicio eléctrico, un dato pasa casi desapercibido: la oficina encargada de defenderlos cerró el primer trimestre de 2026 con 38,813 expedientes sin tramitar. La cifra corresponde a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) y, según el experto en la materia Marino Hilario, no se trata de un simple atraso administrativo, sino de la prueba de que algo anda mal en el fondo del sistema.
Hilario sostiene que el alza en las facturas y los apagones que no terminan de irse apuntan a una falla estructural en la fiscalización de las empresas distribuidoras. En otras palabras: el problema no está solo en el bolsillo del usuario, sino en quién está vigilando a las EDE.
Edeeste concentra casi la mitad del rezago
Entre enero y marzo de 2026, Protecom recibió 14,791 reclamaciones. De ese total, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) acumuló por sí sola 6,498, y terminó marzo con 18,100 expedientes rezagados, casi la mitad de todo el atraso nacional.
La institución sí reporta movimiento: en ese mismo trimestre emitió 8,310 resoluciones procedentes. Pero para el especialista, publicar cifras globales no dice mucho sobre si el conflicto realmente se resolvió.
Los datos que nadie está publicando
Aquí está el punto más incómodo del planteamiento. Según indica Frank Pacheco en El Nacional, Hilario enumeró varias preguntas que hoy no tienen respuesta pública:
No se sabe cuánto dinero representan esas decisiones para los usuarios. Tampoco cuántos recursos jerárquicos llegaron a la Superintendencia de Electricidad (SIE), ni cuánto tiempo promedio toma resolver un caso. Y lo más importante: no hay forma de comprobar si las distribuidoras están cumpliendo con los créditos y correcciones que se les ordenan.
De trámite individual a sistema de alerta
El experto plantea un cambio de enfoque. Las quejas ciudadanas, dice, no deberían manejarse como papeleo caso por caso, sino leerse como un sistema de alerta temprana para el regulador.
Su argumento es directo: cuando miles de usuarios reportan exactamente la misma anomalía, la SIE tiene la facultad legal de investigar de oficio y determinar si el problema está en los medidores, en los circuitos o en los procesos de facturación. Nadie debería tener que agotar un proceso individual completo para que se detecte una falla que ya es evidente en los números.
