La justicia salvadoreña marcó un hito este lunes al dictar, por primera vez en la historia del país, una condena a cadena perpetua contra un hombre declarado culpable de feminicidio. El fallo se produce apenas meses después de una reforma legal que eliminó una restricción que llevaba décadas vigente en la Constitución.
Según indica AFP News, la fiscalía salvadoreña confirmó que se trata de «la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado» registrada en el país. El caso se originó en agosto pasado en el municipio de Santa Ana, al oeste de la capital.
¿Qué pasó con la víctima?
De acuerdo con la investigación, el condenado fue hallado culpable de matar a puñaladas a una vecina a la que acosaba de forma constante. El crimen desató la aplicación del nuevo marco legal impulsado por el presidente Nayib Bukele.
El cambio constitucional que lo hizo posible
Hasta abril de este año, la Constitución salvadoreña prohibía expresamente la cadena perpetua, por lo que la pena máxima aplicable era de 60 años de prisión, con posibilidad de reducción de condena. Todo cambió cuando el Congreso —controlado por el oficialismo— aprobó eliminar esa prohibición, abriendo la puerta a que homicidios, violaciones y actos de terrorismo puedan castigarse con cadena perpetua.
Bukele fue más allá y también impulsó una norma que extiende esta pena a menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en actividades terroristas.
No es la primera condena de este tipo esta semana
Apenas el viernes anterior, la justicia salvadoreña ya había dictado su primera sentencia a cadena perpetua, en ese caso por un homicidio. La de este lunes es, entonces, la segunda cadena perpetua en pocos días, y la primera específicamente por feminicidio.
El contexto: mano dura y críticas internacionales
Estas condenas se enmarcan dentro del régimen de excepción que Bukele mantiene como eje central de su lucha contra las pandillas, una estrategia que ha llevado a prisión a unas 92,000 personas y que ha reducido drásticamente los índices de criminalidad en el país centroamericano.
Sin embargo, el mandatario también enfrenta señalamientos de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, que lo acusan de abusos contra los derechos humanos que, según algunos expertos, podrían constituir crímenes contra la humanidad.
