Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, heredó un sistema penitenciario con una población cercana a los 40,000 privados de libertad. El hacinamiento, el control territorial ejercido por las pandillas y las constantes comunicaciones entre los penales y el exterior constituían los principales desafíos de seguridad para el país.
La respuesta inicial fue eminentemente tecnológica: bloquear las señales de telefonía móvil desde los centros penales. Sin embargo, la experiencia salvadoreña terminó demostrando que inhibir una señal radioeléctrica y controlar eficazmente una cárcel son dos problemas muy distintos.
2019: El primer intento mediante el bloqueo de señal
Con el lanzamiento del Plan Control Territorial, el nuevo gobierno situó las comunicaciones originadas en los penales entre sus máximas prioridades. Se instruyó a las compañías telefónicas a impedir la cobertura celular en determinados recintos y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) comenzó a fiscalizar la interrupción de los servicios de voz y datos.
De este modo, El Salvador también comenzó recurriendo al bloqueo convencional. Este matiz es fundamental para evitar análisis simplistas: el modelo salvadoreño no nació rechazando los sistemas de inhibición de señal; los utilizó. Lo que cambió posteriormente fue la dimensión y la profundidad de la respuesta.
El problema empieza antes de encender el teléfono
Un jammer (inhibidor) puede bloquear una comunicación. Un IMSI catcher permite identificar y localizar un terminal. Un sistema de Managed Access (acceso administrado) logra filtrar dispositivos autorizados de los no autorizados.
No obstante, las tres tecnologías comparten una limitación de fondo: para que entren en funcionamiento, el teléfono ya debió haber ingresado a la prisión.
Esto conduce a una pregunta básica: ¿cómo llegó el dispositivo al recluso?
La seguridad penitenciaria real comienza en el perímetro físico, no en el espectro radioeléctrico. Cada celular clandestino evidencia una vulneración previa en la seguridad física, pues alguien logró ingresar el teléfono, la tarjeta SIM, el cargador o sus accesorios.
2022: Un cambio de escala en el desafío
A partir de marzo de 2022, con la implementación del régimen de excepción y el incremento masivo de las detenciones, El Salvador afrontó un reto adicional: la capacidad de infraestructura penitenciaria. La respuesta más visible fue la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El CECOT no consistió únicamente en edificar más celdas; su ubicación geográfica formó parte integral del concepto de seguridad. Levantar el complejo en Tecoluca (San Vicente), distante de grandes concentraciones urbanas y rodeado por terrenos estatales, marcó una diferencia clave.
Esta diferencia geográfica conlleva un impacto tecnológico directo. Cuando una prisión se ubica dentro de una comunidad densamente poblada, anular la cobertura celular interna sin interferir en el servicio de los usuarios vecinos representa un problema complejo de ingeniería radioeléctrica. En cambio, al existir un aislamiento físico considerable entre la cárcel y la población, el escenario operativo cambia drásticamente.
Una infraestructura para 40,000 internos
El CECOT fue diseñado para albergar a 40,000 internos, cifra equivalente a la totalidad de la población penitenciaria nacional registrada en 2019. Así, una sola instalación fue concebida para disponer de una capacidad semejante a la que pocos años antes representaba casi todo el sistema penal del país.
Más allá de su dimensión, el aspecto clave del CECOT es su arquitectura de seguridad estructurada en capas concéntricas y sucesivas:
- Perímetros de seguridad sucesivos.
- Torres de vigilancia.
- Custodia militar y policial en el exterior.
- Control estricto de accesos.
- Escáneres corporales y de paquetes.
- Detectores de metales e inspección física minuciosa.
- Control interno riguroso.
- Inhibición y control de las comunicaciones.
En este esquema, la tecnología de bloqueo celular deja de sostener por sí sola la seguridad y pasa a ser únicamente una capa más dentro del sistema.
Una inversión superior a los US$ 100 millones
Precisar el costo exacto del CECOT requiere cautela. Las declaraciones del presidente Bukele ubican la construcción en unos US$ 100 millones, alcanzando cerca de US$ 115 millones al incluir tecnología y equipamiento. Por su parte, otros documentos de planificación situaron el presupuesto total en aproximadamente US$ 135.35 millones.
Más allá del desglose específico para escáneres o subsistemas de comunicación, la infraestructura representa una inversión que supera ampliamente los cien millones de dólares. Además, el gasto en el sector no concluyó con la inauguración del recinto: para el año 2026, el presupuesto asignado a la Dirección General de Centros Penales asciende a unos US$ 128.6 millones, frente a los US$ 72.3 millones proyectados para 2025.
Así, la transformación penitenciaria salvadoreña debe entenderse como una inversión sostenida en infraestructura, personal, operaciones y tecnología.
De 23 centros a un sistema concentrado
Paralelamente, la distribución espacial del sistema fue reorganizada. Antes de la construcción del CECOT, las autoridades ya contemplaban reducir gradualmente los 23 penales existentes hacia un modelo de aproximadamente 10 instalaciones. La tendencia apuntaba a tener menos establecimientos, mayor concentración de internos y recintos con un nivel de control considerablemente superior, filosofía que el CECOT llevó a otra escala.
¿Qué ocurrió con el teléfono celular?
La tecnología destinada a inhibir comunicaciones no desapareció; al contrario, se integró dentro de una arquitectura de seguridad mucho más amplia.
Allí radica la lección fundamental de la experiencia salvadoreña: el debate dejó de enfocarse en qué tecnología se necesita para detectar el celular en manos del recluso, y pasó a centrarse en qué sistema se requiere para evitar que dicho celular ingrese al penal.
La distinción es trascendental:
- En el primer modelo, una vez ingresado el dispositivo, se desencadena una carrera tecnológica constante: detectarlo, identificarlo, localizarlo, retirarlo y reiniciar el ciclo cuando aparezca el siguiente.
- En el segundo modelo, el esfuerzo primario se desplaza hacia blindar los accesos para evitar el ingreso inicial.
Del IMSI a la puerta
Los IMSI catchers, la detección por radiofrecuencia, el Managed Access y los inhibidores cumplen funciones específicas dentro de una estrategia penitenciaria. Sin embargo, ninguno sustituye un perímetro impenetrable, un control efectivo sobre el personal, la revisión rigurosa de visitas y proveedores, o la inspección continua de vehículos y mercancías. Ninguna herramienta tecnológica resuelve el problema por sí sola si continúan ingresando nuevos dispositivos.
Por ello, la evolución salvadoreña iniciada en 2019 puede sintetizarse en una premisa directa:
El teléfono más fácil de bloquear en una cárcel es aquel que nunca logró entrar.
Si el celular no ingresa al centro penal, no se requiere rastrear su IMSI, localizarlo, añadirlo a listas negras ni perseguir constantemente nuevas frecuencias o tecnologías de comunicación. De este modo, se evita convertir al espectro radioeléctrico en la primera línea de defensa de una prisión.
La primera línea de defensa siempre ha sido, y sigue siendo, la puerta.
Fuentes consultadas
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA): Visita a El Salvador y situación penitenciaria, 2019.
- Presidencia de El Salvador: Comunicaciones oficiales sobre el Plan Control Territorial y bloqueo de señal en centros penitenciarios.
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador: Información oficial sobre construcción y presentación del CECOT.
- Asamblea Legislativa de El Salvador: Presupuesto 2026 de la Dirección General de Centros Penales.
- Documentación pública e investigaciones periodísticas: Presupuesto y equipamiento del CECOT.
