La Corte de Apelación de Barahona le cayó con todo a Luis Alberto Piña Santana: lo condenó a cinco años de prisión por violencia contra su expareja, pese a que en primera instancia había salido libre de culpa.
El tribunal acogió el recurso del Ministerio Público y revocó el fallo anterior al entender que las pruebas habían sido mal valoradas. Además, rechazó las conclusiones que presentó la defensa del imputado durante la audiencia.
De acuerdo a Tomás Vidal Rodríguez en El Nacional, Piña Santana cumplirá la pena en la cárcel pública de Pedernales, tras ser hallado culpable de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.
Un patrón de agresiones que duró años
Según el Ministerio Público, el condenado mantenía una conducta violenta reiterada hacia su expareja, con agresiones físicas, psicológicas y verbales. El expediente recoge varios episodios, todos en la casa de la víctima.
El primero ocurrió el 25 de julio de 2021, cerca de las 11:30 de la noche, cuando Piña Santana llegó a la vivienda, le dio un golpe en la cara a la mujer y la amenazó de muerte.
Apenas seis días después, el 31 de julio de ese año, volvió a presentarse y la amenazó de muerte con una pistola. No logró su propósito porque vecinos de la comunidad lo enfrentaron a pedradas.
Violó una orden de alejamiento
El 4 de enero de 2024, alrededor de las 12:20 de la tarde, regresó a la casa y empezó a gritar palabras obscenas frente a la hija de ambos. El expediente indica que en distintas ocasiones se le acercó a la mujer para amenazarla de muerte, incumpliendo además una orden de alejamiento.
El último hecho data del 29 de marzo de 2025, cerca de las 8:30 de la mañana. El hombre llegó de forma agresiva a buscar a la niña, violando el acuerdo de guarda y visitas que ambos habían firmado en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Barahona, y volvió a amenazar a la mujer con un arma de fuego.
Quiénes llevaron el caso
El Ministerio Público fue representado en la litigación por la procuradora de corte Wendy González Carpio. La decisión fue firmada por los jueces Joselin Moreta Carrasco (presidente), Henrry Caraballo Matos y Leucadia Fortunata José Méndez, quienes declararon culpable al imputado de violar el artículo 309-1, 2 y 3 del antiguo Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, que sanciona la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar.
El nombre de la víctima no fue divulgado en la nota de prensa de la Procuraduría General de la República.
