La ola de secuestros continúa en aumento en Haití, mientras el país enfrenta una grave crisis de seguridad y avanza hacia un proceso electoral largamente esperado.
Entre abril y junio de 2026, al menos 81 personas fueron reportadas como secuestradas, un incremento del 42 % frente a los 57 casos registrados durante el primer trimestre del año, según las estadísticas de Naciones Unidas citadas en el informe.
Entre las víctimas se encuentra James Boyard, inspector general de la Policía Nacional de Haití y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa. Boyard fue secuestrado en junio de 2026, a plena luz del día, en Bourdon, un sector de Puerto Príncipe considerado relativamente seguro. Hasta el momento, no se ha informado de su liberación.
También fueron secuestrados el abogado Caleb Jean-Baptiste y Stéphanie Paultre, directora general de la Oficina Nacional de Colaboración en Educación (ONAPE).
La inseguridad se produce mientras Haití intenta avanzar hacia unas elecciones generales, después de más de una década marcada por inestabilidad política. El país permanece sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.
Una crisis que se prolonga
Los secuestros comenzaron a aumentar de manera significativa desde 2020. Ese año se registraron 234 casos, frente a 78 en 2019. En 2021 la cifra aumentó a 655, mientras que en 2022 alcanzó 1,359 casos.
En 2023 fueron reportados 2,490 secuestros, un incremento del 83 % respecto al año anterior. En 2024 se registraron al menos 2,058 casos.
Durante 2025, los secuestros reportados descendieron a 1,268, una reducción cercana al 40 % frente al año anterior. Sin embargo, Naciones Unidas y especialistas advierten que las cifras oficiales pueden estar por debajo de la realidad debido a que muchas familias evitan denunciar por temor a represalias, a un aumento del rescate exigido o a interferir en las negociaciones con los secuestradores.
Durante 2026 también se han registrado secuestros masivos. En Kenscoff, una comunidad agrícola cercana a Puerto Príncipe, grupos armados mataron al menos a 164 personas y secuestraron a más de 70, según los reportes citados. Posteriormente, en Petite-Rivière, cientos de civiles fueron retenidos durante dos días.
Expertos señalan que las bandas utilizan vehículos, uniformes y matrículas policiales auténticos o falsificados para ejecutar sus operaciones. También existen denuncias sobre posibles vínculos de miembros de las fuerzas de seguridad con grupos criminales.
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé ha identificado el restablecimiento de la seguridad como una prioridad. Su gobierno informó sobre el entrenamiento de nuevos policías y militares para reforzar las fuerzas nacionales.
La comunidad internacional también mantiene su apoyo a las autoridades haitianas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó el mandato de la fuerza internacional destinada a respaldar la lucha contra las pandillas, que cuenta con alrededor de 1,600 efectivos y podría ampliar su presencia.
Mientras Haití intenta avanzar hacia un proceso electoral, la persistencia de los secuestros y la expansión territorial de los grupos armados continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades y la población.
