El juicio de fondo por la tragedia del Jet Set tuvo un nuevo momento de tensión. En la sexta audiencia, la defensa de las víctimas volvió a pedir al tribunal que cambie la calificación jurídica del caso seguido contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso del techo de la emblemática discoteca que dejó 236 personas fallecidas.
Los querellantes sostienen que los hechos no pueden juzgarse como un simple homicidio involuntario, que es la figura que utilizó el Ministerio Público en su acusación. En su lugar, plantearon que se aplique el dolo eventual o, en su defecto, una ampliación de la acusación.
De acuerdo con Loyda Peña en el periódico Hoy, la parte acusadora agregó que, si el tribunal acoge esta tipificación de mayor gravedad, el juez debe desapoderarse del expediente y enviarlo a la presidencia de las salas penales para que, mediante sorteo, se designe un tribunal colegiado.
Lo que dice la acusación del Ministerio Público
Según la acusación del Ministerio Público, los propietarios del establecimiento incurrieron en homicidio involuntario, un tipo penal contemplado en el antiguo Código Penal, que es el que se aplica a este caso. Bajo esa figura, la pena máxima es de dos años de prisión.
Ese es precisamente el punto que está en debate: de variarse la calificación, el juez explicó que la pena podría alcanzar hasta los 30 años.
El juez aplazó la decisión hasta el 22 de octubre
Ante los pedimentos, el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, decidió aplazar el conocimiento del caso para el 22 de octubre, con el fin de que las partes analicen los argumentos técnicos presentados sobre el tema.
Los argumentos de los querellantes
Los abogados de las víctimas aseguraron que las pruebas periciales y testimoniales presentadas en el juicio demuestran que los imputados no actuaron por simple falta de previsión, sino con pleno conocimiento del deterioro progresivo de la estructura del local.
Entre las evidencias mencionadas figuran peritajes estructurales que detectaron «fatiga» en la edificación y una sobrecarga de alrededor de 20% en las vigas examinadas. También se presentaron extracciones de conversaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp con imágenes, audios y alertas sobre la caída constante de fragmentos del techo y plafones rotos en los meses previos al colapso.
«Aquí no ha ocurrido una desgracia»
Para probar que los directivos eran conscientes del peligro, los querellantes pusieron especial énfasis en la prueba audiovisual y digital incorporada al proceso. En una de las conversaciones reproducidas en el tribunal se escucha a Maribel Espaillat advertirle a su hermano que eran afortunados de que todavía no hubiera ocurrido una desgracia en el lugar.
Según los querellantes, la seguridad de un establecimiento no puede quedar en manos de la suerte ni de la fe, sino de acciones responsables de quienes lo administran. Afirmaron que los acusados se representaron la posibilidad de que alguien resultara gravemente herido y, aun así, siguieron explotando el negocio.
Ahora la decisión está en manos del tribunal, que el próximo 22 de octubre deberá definir si el caso sigue bajo la calificación actual o si se abre la puerta a una acusación mucho más grave.
