El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Demetrio Vicente Ureña, dio por terminada de forma abrupta una entrevista con el programa N Investiga. Se levantó de la silla y salió del set cuando le pusieron enfrente un documento oficial que él mismo firmó y que confirma el recorte en la entrega de raciones alimenticias a los adultos mayores.
De acuerdo a Silvana Rodríguez en N Digital, todo comenzó cuando la conductora, Nuria Piera, le preguntó por el cambio en la frecuencia del programa de ayuda alimentaria. Antes los envejecientes recibían una funda de alimentos crudos cada mes, y ahora la reciben una sola vez al año.
Al principio, Ureña lo negó. Aseguró que el CONAPE no tiene entre sus programas la entrega de raciones. Pero el documento aprobado el 18 de mayo de 2026 dice otra cosa: establece un criterio de una única entrega de raciones por adulto mayor durante este año, según la disponibilidad de recursos e inventarios.
Tras leerle el texto con su firma, el funcionario terminó admitiendo el ajuste para la población no institucionalizada y alegó que la institución no puede abastecer a toda la demanda por falta de inventario. Poco después dijo que tenía compromisos urgentes y reprochó que, para conceder la entrevista, debía conocer de antemano las preguntas. Entonces se retiró.
Los números que no cuadran con la «falta de recursos»
La explicación de que no hay con qué comprar choca con las cifras oficiales. El CONAPE tiene un presupuesto de más de RD$2,184.6 millones para 2026, y más de RD$128 millones de esa suma están reservados para alimentos. Sin embargo, al 31 de julio apenas se habían ejecutado unos RD$297 mil, es decir, un 0.23 % de lo aprobado para esa partida.
Mientras tanto, la demanda es enorme. La resolución se plantea llegar a 51,800 beneficiarios, pero hay 38,198 envejecientes con raciones aprobadas que aún no han recibido nada este año y otros 76,416 en lista de espera pendientes de aprobación.
Raciones por intermediarios y una distribución desigual
La misma resolución autorizó hasta 10,000 raciones para repartir mediante líderes comunitarios, sociedad civil y autoridades locales, a pesar de que ya hay decenas de miles de personas identificadas. El calendario institucional muestra jornadas con participación de legisladores oficialistas, entre ellos la diputada Patricia Núñez en Villa Mella (150 raciones), Melina Sánchez en el Barrio 27 de Febrero (150) y Jeovanny Ventura en San Francisco de Macorís (500, junto a suplementos proteicos y cereales).
Las notas de prensa de la entidad también revelan un desbalance territorial. Samaná acumula al menos seis jornadas con más de 1,870 beneficiados, pese a tener unos 14,782 adultos mayores. En cambio, Hermanas Mirabal, con más de 17,145, solo registra una jornada con cerca de 300 atendidos. Samaná fue la provincia que Ureña representó como legislador entre 2006 y 2010, y se le atribuyen aspiraciones de volver a una curul en las próximas elecciones.
Una licitación cancelada y otra con empresas cuestionadas
El proceso de compra de alimentos iniciado el 17 de marzo fue cancelado después de abiertas las ofertas, con el argumento de que había que corregir las unidades de medida, algo que ningún oferente había objetado. Una semana después se convocó una nueva licitación, esta vez por urgencia, con las mismas especificaciones.
La adjudicación, de más de RD$127 millones, benefició a empresas como CELNA Enterprises, Caribbean Food Supply e Importadora Nacional de Comestibles (INACO), investigadas por el Ministerio Público o vinculadas a presuntos esquemas de colusión. El nuevo contrato, además, cambió la calidad de las raciones: menos proteínas, lácteos y carnes enlatadas, y más arroz, azúcar y cereales.
«Familias de Cariño» y los cuidados domiciliarios
En la iniciativa «Familias de Cariño», que entrega RD$15,000 mensuales a familias de escasos recursos que cuidan a envejecientes, aparecen como favorecidos familiares de altos funcionarios de la propia institución, cuyos sueldos superan los RD$140,000. Se mencionan a Carlos Polibio Michel, esposo de una asesora del despacho; Juana Contreras, madre de la directora de Cuidados Domiciliarios; y David Enrique Alcántara, padre de la encargada del Departamento de Denuncias.
Aparte, una licitación de RD$131 millones para privatizar el Servicio de Cuidados Domiciliarios otorgó más de RD$52 millones a ODONTOLOVE, una clínica dental privada. Según la investigación, la empresa redujo el pago a los cuidadores capacitados de RD$21,400 a RD$18,000 y se queda con más del 60 % de la tarifa por hora que paga el Estado.
Una nómina que creció 81 %
Desde 2020, el personal del CONAPE pasó de 817 a 1,478 empleados, un aumento de 81 %, mientras que el gasto mensual en sueldos subió 165 % y supera los RD$51.5 millones.
La investigación señala presuntas inconsistencias en la nómina, entre ellas:
- Un analista de cultura con salario de RD$70,000 que trabaja a la vez en un centro de llamadas.
- Un encargado de coordinación provincial que admitió laborar de manera remota sin precisar sus funciones.
- La esposa del contralor general de la República, designada con RD$80,000 para impartir alfabetización en un solo hogar de día, un monto superior al de docentes y trabajadoras sociales que hacen esa misma labor.
- Orlando Ferrera Vargas, chofer del exdirector José García Ramírez, que sigue cobrando RD$25,000 mensuales aunque el exfuncionario salió en septiembre de 2025 y él no presta servicios de transporte.
Se constató además que el exdirector usó para fines personales una camioneta Ford de la institución, que fue devuelta apresuradamente pocas semanas antes de la entrevista.
Sin declaración jurada y con yipetas de lujo en el plan
El reportaje también apunta que el director administrativo y financiero, José Ramón Ciriaco Cabrera, y el director de Compras y Contrataciones, Carlos Manuel Ortega García, no han entregado su declaración jurada de bienes, pese a que manejan y fiscalizan los fondos de la entidad.
Mientras el Hogar de Día de Dajabón funciona con un solo baño compartido y sufre retrasos de hasta seis meses en la entrega de medicamentos, la institución promovió una licitación para comprar cinco yipetas de lujo y cinco camionetas 4×4 para uso de la dirección. Esto ocurrió a pesar de los decretos presidenciales que restringen la compra de vehículos de lujo
