CABARETE, Puerto Plata.– El inversionista estadounidense Lance Lundberg denunció que agentes de la Policía Turística (POLITUR) y de la Policía Nacional incursionaron de manera irregular en sus terrenos ubicados en Playa Encuentro, donde derribaron la delimitación perimetral y arrestaron de forma violenta a varios de sus empleados y miembros de seguridad privada.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada y el mediodía del jueves 1 de octubre. Ante la gravedad de la situación, los representantes del empresario notificaron formalmente los detalles del incidente a la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
De acuerdo con el informe documentado por los denunciantes, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuatro unidades de POLITUR y la Policía Nacional penetraron en la propiedad y retiraron los pilotillos de madera que habían sido instalados el pasado 26 de agosto. Horas más tarde, un abogado notario y un representante de Lundberg acudieron al destacamento de Cabarete, donde el oficial de POLITUR de apellido Lora R. reconoció haber desmontado la verja alegando el cumplimiento de una sentencia, aunque se negó a entregar una copia de dicha decisión.
El conflicto escaló cerca del mediodía cuando los empleados del inversionista intentaron reinstalar la delimitación. Dos patrullas de POLITUR y unidades de la Policía Nacional regresaron al inmueble, procediendo nuevamente a retirar los postes.
Durante esta segunda intervención, varios trabajadores que grababan el accionar policial desde el interior de la propiedad fueron detenidos. Según el reporte, uno de los agentes de seguridad privada fue sometido por varios policías y recibió una descarga con un dispositivo eléctrico (taser) antes de ser puesto bajo custodia y trasladado inicialmente a Sosúa y luego a Puerto Plata.
Amparo judicial y coordenadas de Medio Ambiente
Los representantes legales del inversionista aseguran que los pilotillos de madera fueron colocados estrictamente fuera de la franja de los 60 metros de pleamar, respetando las coordenadas georreferenciadas emitidas por el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2023.
Además, señalan que la delimitación está amparada en la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00889, dictada en noviembre de 2024 por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/1557/25. Estos fallos ordenan a diversas instituciones del Estado, incluyendo al Ministerio de Turismo, POLITUR, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Armada Dominicana, Medio Ambiente y al SENPA, abstenerse de interferir con dicha propiedad privada.
Un conflicto judicial de más de una década
La disputa legal por estos terrenos tiene un largo historial. En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia (Sentencia 534) ordenó el cierre de un camino ilegal que atravesaba la propiedad privada de Lundberg. Más adelante, el propio Tribunal Constitucional ratificó que el acceso público a Playa Encuentro debe realizarse por el camino asfaltado de la urbanización Vista del Caribe, el cual fue previsto legalmente para esos fines y no colinda con los terrenos del estadounidense.
Ante la continua interferencia de las autoridades, en abril de este año el TSA determinó que el Ministerio de Turismo y la Armada Dominicana habían incumplido las disposiciones judiciales durante 213 días, condenándolos al pago de RD$213,000 por concepto de *astreinte* y fijando una penalidad de RD$1,500 por cada día de futuros incumplimientos.
El equipo jurídico del empresario, integrado por los abogados Laura Acosta, Nássef Perdomo, Luis Antonio y Luis Enmanuel Peláez, se encuentra evaluando las acciones legales correspondientes frente a lo que califican como una «violación atroz» a los fallos judiciales.
Por su parte, Lance Lundberg aclaró que sus acciones no buscan restringir el derecho de la ciudadanía a disfrutar de la playa, sino proteger su propiedad frente a incursiones ilegales.
“Este caso evidencia un marcado interés de fuerzas muy poderosas que quieren despojarme de mi propiedad y que cuentan con el apoyo de entidades del Gobierno”, afirmó el inversionista. “Es penoso que un país tan hermoso no proteja la seguridad jurídica, un principio elemental para la inversión extranjera”, concluyó.
