La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) valoró la publicación reciente de informes de auditoría por parte de la Contraloría General de la República, al tiempo que reclamó que dichos hallazgos se traduzcan en investigaciones formales, medidas correctivas y sanciones para los casos en que se comprueben faltas.
A través de un comunicado, la organización señaló que la divulgación de las auditorías representa un avance positivo en materia de transparencia; sin embargo, advirtió que la rendición de cuentas requiere esclarecer qué acciones se adoptarán, quiénes asumirán responsabilidades y de qué manera se evitará la repetición de las irregularidades.
Exigencia de investigaciones y deslinde de responsabilidades
La entidad indicó que los informes deben generar resultados concretos y evitar que queden archivados. En ese sentido, llamó a las autoridades competentes a examinar cada caso para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, y a remitir al Ministerio Público los expedientes que presenten indicios de infracción penal junto con la documentación probatoria.
ADOCCO puntualizó que un hallazgo de auditoría no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad, por lo que enfatizó la necesidad de garantizar el debido proceso mediante indagatorias rigurosas y libres de privilegios.
Medidas correctivas y recuperación de recursos
La organización planteó que, ante la comprobación de faltas administrativas, deben aplicarse las sanciones correspondientes; de existir un perjuicio económico al Estado, se debe procurar la recuperación de los recursos; y ante indicios de delitos, actuar a través del Ministerio Público, independientemente de la posición o vinculación política de los implicados.
Asimismo, la entidad solicitó que las instituciones auditadas presenten planes de acción con plazos y responsables verificables, e informen públicamente sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. ADOCCO subrayó que corregir deficiencias operativas de cara al futuro no debe utilizarse como justificación para omitir la investigación de gestiones anteriores que pudiesen comprometer responsabilidades.
“La transparencia adquiere fuerza cuando conduce a respuestas verificables. El país necesita saber qué ocurrió, quién debe responder y cuáles fueron las consecuencias”, concluyó la organización.
