El Tribunal Constitucional (TC) volvió a cuestionar a la Policía Nacional por incumplir sus sentencias y ordenó el pago de RD$1,104,000 a un excapitán que, pese a haber sido reintegrado a la institución, todavía no ha recibido los salarios atrasados que le corresponden por disposición judicial.
De acuerdo con Balbiery Rosario, en Diario Libre, la alta corte calificó de «reticente» la actuación de la Policía Nacional frente al cumplimiento de sus decisiones, al comprobar que la institución ejecutó parcialmente una sentencia emitida en septiembre de 2024.
Policía reintegró al oficial, pero no le pagó
El caso involucra al excapitán Willis Darío Salazar Jiménez, quien obtuvo una sentencia favorable que ordenaba su reincorporación a la Policía Nacional y el pago de los salarios que dejó de recibir desde su cancelación.
Mediante la sentencia TC/0425/24, del 11 de septiembre de 2024, el tribunal dispuso que Salazar fuera reintegrado con el mismo rango que tenía cuando fue separado de la institución.
La Policía cumplió con su reincorporación el 29 de mayo de 2025. Sin embargo, no presentó pruebas de haber pagado los salarios atrasados ni los demás derechos económicos establecidos en la decisión.
Más de un millón de pesos por incumplimiento
En su nueva sentencia, identificada como TC/0986/26, el Tribunal Constitucional determinó que la Policía Nacional deberá pagar RD$1,104,000 por concepto de astreinte, una penalidad económica impuesta para obligar al cumplimiento de una decisión judicial.
La cantidad corresponde a 552 días de incumplimiento, calculados a razón de RD$2,000 diarios, desde el 11 de octubre de 2024 hasta el 16 de abril de 2026.
El monto es independiente de los salarios atrasados que la institución todavía debe entregar al excapitán.
Además, el tribunal estableció que la penalidad de RD$2,000 diarios continuará acumulándose hasta que la Policía Nacional cumpla completamente con la sentencia.
Tribunal cuestiona actitud de la Policía
Los jueces constitucionales consideraron que la conducta de la Dirección General de la Policía Nacional demuestra resistencia al cumplimiento de decisiones judiciales definitivas.
La alta corte advirtió que este comportamiento afecta la seguridad jurídica y el derecho de los ciudadanos a obtener una justicia efectiva y oportuna.
Asimismo, recordó que sus sentencias son obligatorias para todas las instituciones y autoridades públicas, por lo que ninguna entidad estatal puede decidir unilateralmente cuáles disposiciones cumplir.
Durante el proceso, la Policía Nacional tampoco presentó un escrito de defensa ni documentos que demostraran haber cumplido con las obligaciones económicas pendientes.
Otros incumplimientos de sentencias
Este no es el primer caso en que el Tribunal Constitucional cuestiona a la Policía Nacional por desobedecer sus decisiones.
Un informe del propio tribunal, divulgado en marzo de 2025, identificó a la institución policial entre las entidades vinculadas al incumplimiento de 24 de las 93 sentencias examinadas.
El documento también reveló que, en al menos 32 casos, las personas beneficiadas por decisiones constitucionales tuvieron que acudir nuevamente al tribunal para exigir su ejecución.
Más recientemente, el 31 de agosto de 2026, el TC cuestionó otra vez a la Policía Nacional por no entregar documentos que habían sido solicitados mediante una decisión judicial.
Sentencias deben cumplirse
El Tribunal Constitucional reiteró que la ejecución de sus decisiones constituye una garantía fundamental del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva.
La nueva sentencia deja establecido que el cumplimiento parcial de una orden judicial no libera a las instituciones públicas de sus demás obligaciones.
En consecuencia, la Policía Nacional deberá pagar la penalidad acumulada, cumplir con los salarios pendientes y asumir los RD$2,000 adicionales por cada día que continúe sin ejecutar íntegramente la sentencia.
