El Gobierno dominicano acaba de aprobar un reglamento que obliga a que cada inversión y contratación tecnológica de las instituciones públicas pase por una coordinación central. La normativa, contenida en el Decreto núm. 714-26, busca que el dinero destinado a tecnología se gaste con eficiencia, con mayor seguridad y en línea con la política nacional de transformación digital.
El MAP toma el mando
La responsabilidad recae en el Ministerio de Administración Pública (MAP), que queda designado como la entidad encargada de identificar, evaluar, priorizar, dar seguimiento y controlar técnicamente las inversiones digitales estratégicas. Según el ministro Sigmund Freund, la intención es evitar que cada institución compre sus propias soluciones de forma aislada, algo que hoy fragmenta el gasto y multiplica esfuerzos.
Compras conjuntas y evaluación previa
A partir de ahora, las entidades del Poder Ejecutivo necesitarán un informe técnico previo emitido por el MAP antes de lanzar la adquisición de plataformas o soluciones digitales complejas. El ministerio también podrá organizar licitaciones conjuntas entre varias instituciones, una práctica que permite negociar en mejores condiciones y aprovechar economías de escala.
Una comisión interinstitucional
El decreto crea además una Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP. En ella participarán representantes de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda y Economía, de la OGTIC, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y del Centro Nacional de Ciberseguridad, lo que reúne en una sola mesa a quienes tienen voz en el presupuesto, la compra, la tecnología y la seguridad.
Datos y soberanía digital
Otro punto central es el control sobre la información del Estado. Las soluciones tecnológicas deberán ser portables, interoperables y reversibles, es decir, el Estado debe poder migrarlas a otro proveedor sin quedar atado. Los contratos no podrán incluir cláusulas ni diseños que creen dependencias comerciales exclusivas o que restrinjan el control gubernamental sobre sus datos.
Reglas para la inteligencia artificial
Cuando una contratación incluya algoritmos o sistemas automatizados, deberá cumplir con supervisión humana, trazabilidad y transparencia. La norma busca que ninguna decisión pública quede en manos de un sistema que nadie pueda auditar.
Interés estratégico nacional
El reglamento declara de interés estratégico nacional la integración y modernización de la infraestructura digital soberana del Estado. Con esa declaratoria, se busca mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios públicos. Las instituciones, por su parte, seguirán sujetas a las normas de contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y acceso a la información.
