La Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recomendaron a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua acoger una acción de amparo que solicita retirar las barcazas de generación eléctrica instaladas en Los Negros, dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.
La recomendación figura en un informe interinstitucional fechado el 15 de agosto de 2026, elaborado a petición de la jueza Karen Gisela Castillo Castillo. El estudio analiza la ubicación, autorización, ampliación e impactos de las centrales flotantes operadas por Karpowership Dominicana República, S.A.S.
Audiencia prevista para el 21 de octubre
La acción fue interpuesta por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Anti Barcazas de Los Negros. Según esas organizaciones, el tribunal debatirá el informe en la audiencia fijada para el miércoles 21 de octubre.
El documento sostiene que las centrales no debieron instalarse en ese emplazamiento y que tampoco deben permanecer allí. Entre los diez criterios que enumera, destaca su localización en la zona de amortiguamiento de un área protegida, donde la normativa ambiental limita los usos a actividades de bajo impacto compatibles con la conservación.
El informe afirma que ni el estudio de impacto ambiental ni la licencia otorgada demostraron la compatibilidad de las operaciones con los objetivos de protección de la zona. También plantea que la licencia original, autorizada para 188 megavatios, habría vencido y que las barcazas operan actualmente con una capacidad de 418 megavatios, 230 más que lo inicialmente aprobado.
Las entidades accionantes señalan, además, que la ampliación no fue sometida a una nueva consulta con las comunidades, un procedimiento que consideran obligatorio. La empresa no ofrece una declaración en el comunicado sobre estos señalamientos.
Riesgos ambientales y de salud
Como antecedentes, el estudio cita episodios de mortandad de peces y otras especies marinas en junio de 2023 y agosto de 2026, un derrame de mezcla oleosa o hidrocarburos ocurrido el 31 de agosto de 2023, así como quejas comunitarias por humo, olores, calor, ruido y disminución de la pesca.
El informe advierte que la continuidad del medio acuático conecta la zona de amortiguamiento con el núcleo del refugio, hábitat de especies amenazadas como el carey y el manatí antillano. También señala posibles impactos en la salud asociados con emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que —según el documento— superarían los estándares permitidos.
Otra observación del estudio es que no estaría comprobada la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental que debían realizarse cada seis meses. Las organizaciones consideran que este eventual incumplimiento podría justificar la cancelación de la licencia ambiental.
Para los demandantes, la decisión judicial pondrá a prueba la protección de las áreas protegidas y el cumplimiento de la normativa ambiental. “No se trata sólo de proteger el patrimonio natural del país, sino de garantizar el Estado de derecho”, expresaron.
