Una investigación periodística de N Investiga revisa las muertes ocurridas en operativos policiales en República Dominicana, las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y los obstáculos que, según abogados y organizaciones de derechos humanos, enfrentan algunas personas que quieren entregarse voluntariamente a la justicia. El reportaje se apoya en testimonios de familiares, entrevistas a juristas, imágenes de cámaras de seguridad y cifras históricas. Pone el foco en los casos de Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias Lucifer, y Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, que han generado dudas sobre los procedimientos policiales y sobre las garantías de las personas requeridas por las autoridades.
La hermana de Lucifer, Yudith Estévez, describió el dolor que le dejó la muerte de su familiar. Según su relato, el hombre había cometido delitos desde la adolescencia y había sido detenido en varias ocasiones. Horas antes de morir, él le advirtió que la Policía lo buscaba, y ella le recomendó entregarse. Él se negó. «Tenía dos órdenes de arresto, no era para matarlo, era para agarrarlo preso», dijo la hermana. La versión oficial habla de un intercambio de disparos, pero la difusión de imágenes de cámaras de seguridad generó dudas sobre lo ocurrido durante el operativo en el ensanche La Paz, en el Distrito Nacional.
Las cifras de muertes en operativos a lo largo de los años
De acuerdo a Nairobi Ureña en N Digital, el reportaje recuerda que en los informes policiales dominicanos se ha usado históricamente la expresión «intercambio de disparos» para describir enfrentamientos en los que mueren personas señaladas por delitos. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales y han cuestionado el uso de la fuerza letal en varias intervenciones. Cándido Mercedes, de Participación Ciudadana, cuestiona la frecuencia de estos hechos y la manera en que se justifican. Según sus palabras, en 30 años la Policía Nacional habría causado alrededor de 7,266 muertes.
El material citado atribuye unos 1,200 fallecimientos a actuaciones policiales durante la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entre 2008 y 2010, en el gobierno de Leonel Fernández. Otros registros mencionados sitúan cerca de 819 muertes durante la gestión de Pedro de Jesús Candelier, entre 1999 y 2001, y unas 760 durante la de Jaime Marte Martínez, entre 2002 y 2004. En una entrevista, Candelier defendió una línea dura: según él, no había que hacer favores a un delincuente, y si se enfrentaba a la autoridad, debía llevárselo.
Por periodos presidenciales, las cifras citadas son: 1,214 muertes en el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), 1,060 en el de Hipólito Mejía (2000-2004), 2,810 en los gobiernos de Fernández entre 2004 y 2012, y 1,092 durante los ocho años de Danilo Medina (2012-2020). Para la gestión de Luis Abinader, el material recoge 77 muertes en 2021, 227 en 2024 y 190 en 2025. Mercedes sostuvo que, durante los periodos de Fernández, la cifra total habría sido de alrededor de 4,034 personas. Estos datos deben contrastarse con las fuentes originales, los periodos exactos y las categorías usadas para clasificar cada muerte.
Nuevas cifras bajo la gestión de Ernesto Rafael Rodríguez García
Según las cifras recopiladas para la investigación, durante los primeros dos meses de la gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García se habrían registrado cerca de 100 muertes vinculadas a actuaciones policiales: 55 en septiembre y unas 45 en lo que va de octubre. Hasta el 28 de septiembre, el país registraba 817 homicidios, y de ellos, 196 (23 %) se atribuyeron a la Policía Nacional. Estas estadísticas también deben cotejarse con los registros oficiales.
En agosto, el entonces director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, habló sobre integridad en el servicio público. Algunos sectores interpretaron sus palabras como una referencia a la lucha contra la corrupción. El abogado Carlos Balcácer, en cambio, considera que el mensaje podría relacionarse con otras situaciones que, a su juicio, deberían investigarse. Aclaró que sus declaraciones no confirman por sí solas que existiera una propuesta para realizar actuaciones ilegales.
El caso de Lucifer: una muerte bajo cuestionamiento
Lucifer tenía 38 años y era buscado por su presunta vinculación con asaltos a mano armada y robos con violencia. Murió tras recibir un disparo durante un operativo de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM). La hermana cuestiona las circunstancias de su muerte. Balcácer, por su parte, señaló que las imágenes de una cámara de seguridad muestran la llegada de dos motocicletas cuyos ocupantes serían agentes del DICRIM. Esas acusaciones deben verificarse con las imágenes originales, los informes periciales y las explicaciones de las autoridades.
El caso de Axel Ferreras: la entrega que nunca se concretó
En Barahona, Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, quedó vinculado a un incidente en la avenida Luperón en el que resultaron heridos un civil y un agente policial. Según la versión policial, el hombre con el que viajaba en motocicleta, Wilmer Lara Féliz, intentaba cometer un atraco y se produjo un enfrentamiento a tiros. Axel relató que se asustó al ver el arma de su acompañante y que este le pidió acelerar. Reconoció que su acompañante habría disparado contra la Policía.
El punto central de la denuncia de sus abogados es lo que ocurrió después. Según la defensa, al día siguiente la familia contactó al bufete para coordinar la entrega voluntaria del joven en Barahona, pero las dependencias policiales y el Ministerio Público no lo recibieron. Gilbert Ronaldo Matos Cuevas, uno de los abogados, afirmó que en la Policía les dijeron que no podían recibirlo y que, para hacerlo, debían llevar el arma de fuego. Luego acudieron al fiscal de Barahona, quien les respondió que no podía recibir al joven. La defensa cuestiona que, pese a que existía una orden de arresto y un aviso de búsqueda, no se facilitara la entrega. Las autoridades de Barahona aún deben dar su versión.
En redes sociales se ha popularizado la frase «estar en 29», que según la explicación recogida en la investigación proviene de la clave radial «1 en 29», usada en las comunicaciones policiales para reportar a una persona fallecida.
Otros casos denunciados por derechos humanos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que la organización ha recibido denuncias de personas buscadas que intentaron entregarse y tampoco fueron recibidas. Mencionó dos jóvenes de San Luis y otros casos en Barahona, San Juan, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Según Mercedes, más de diez jóvenes denunciados por la organización murieron después en hechos presentados como intercambios de disparos. Estas declaraciones deben examinarse caso por caso, revisando las órdenes de arresto, los registros institucionales y las evidencias de cada intervención.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que, al 19 de octubre, 314 personas se habían entregado voluntariamente. Sin embargo, esa cifra no permite saber cuántas personas intentaron entregarse sin ser recibidas, ni cuántas desistieron por temor. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de 53,877 personas por distintos delitos.
Dudas sobre el manejo de las evidencias
Balcácer también cuestionó la forma en que se hacen algunos levantamientos de cadáveres y pidió mayor transparencia en la presentación de pruebas. «Hay un intercambio de disparos, entonces muéstrele el arma a la población», expresó. El abogado denunció además que, según él, algunos agentes retiran los cuerpos de las escenas antes de completar los procedimientos, sin esperar al médico legista.
Ante estas denuncias, el director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, ha dicho que quienes se sientan afectados por una actuación policial pueden presentar una querella ante el Ministerio Público, que tendrá que investigar. Por su parte, Balcácer y otros siete abogados presentaron una acción judicial contra la institución y su director por las muertes ocurridas en los llamados intercambios de disparos. Buscan que se investiguen los casos y que se establezcan responsabilidades si se comprueba que hubo actuaciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales.
La delincuencia debe enfrentarse, y quienes cometen delitos deben responder ante la justicia. Pero esa persecución tiene que mantenerse dentro de los límites de la ley. Una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Detrás de cada supuesto intercambio de disparos hay familias que reclaman respuestas y un Estado que tiene la obligación de investigar y establecer responsabilidades. En un país donde no existe la pena de muerte, nadie debería tener que recurrir a cámaras de seguridad, abogados y testigos para exigir que se respete su derecho a la vida y que pueda responder ante la justicia.
