Lo que se presentó como un proyecto de remozamiento de 57 millones de pesos terminó con robles centenarios y matas de mango derribados en el centro de Baní.
Los árboles daban sombra frente a la Gobernación de Peravia, al edificio de oficinas gubernamentales y al Hospital Nuestra Señora de Regla. Ambientalistas, abogados y comunicadores locales ya hablan de un auténtico ecocidio urbano.
La indignación se propagó de inmediato por la televisión local, las redes sociales y las plataformas digitales. Desde sectores cercanos al poder local se intentó justificar la decisión con el deterioro del concreto y la vejez de los árboles, pero las fotos, los videos que circulan y el estado de la madera contradicen esa versión. De acuerdo a Guillermo Pérez en Listín Diario, la tala se realizó a plena vista de los transeúntes, y las explicaciones oficiales se han contradicho entre sí mientras la población observa los troncos cortados sobre las aceras.
Un silencio que preocupa
Lo más inquietante, según activistas y vecinos, no es solo la tala, sino la falta de control previo. No consta que se haya notificado ni solicitado permiso al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni a la Alcaldía del municipio. Tampoco hubo intervención de la Alcaldía ni de la Dirección Provincial de Medio Ambiente para detener la operación, algo que muchos consideran difícil de explicar en una obra de ese impacto en pleno centro urbano.
La respuesta de la Gobernación empeoró el malestar. Su vocera calificó la amputación de los árboles como un «mal necesario», una frase que muchos recibieron como una forma de restar importancia a la pérdida. Un experto en planificación urbana, que prefirió no ser identificado, sostuvo que la idea de que la vegetación estorba a la estética arquitectónica no se sostiene, pues la arquitectura moderna puede integrar la naturaleza en lugar de eliminarla.
Árboles que valen siglos
La historia de esos robles también pesa en la discusión. En Peravia, una provincia de clima semiárido con temperaturas extremas durante gran parte del año, la sombra de estos árboles era una necesidad diaria. Refrescaban el ambiente, mejoraban el aire y servían de refugio a ancianos, estudiantes y trabajadores que esperaban el transporte justo donde se hizo la tala.
Los datos científicos dejan claro que un roble sano puede vivir entre 300 y 600 años, y que algunos ejemplares superan los mil años. Su madera densa y su alto contenido de taninos la protegen de hongos e insectos, de modo que un árbol así no tiene por qué caerse por viejo. El abogado y ambientalista Ramón Pol resumió el daño con una comparación sencilla: una fachada se puede remozar en meses con un presupuesto millonario, pero un roble centenario necesita más de medio siglo para alcanzar su madurez.
Las preguntas que nadie ha respondido
Ante la magnitud del daño, varios sectores de la sociedad civil y medios locales, encabezados por figuras como Daniel Lajara, exigen una rueda de prensa urgente de la Gobernación, la Alcaldía y la Dirección Provincial de Medio Ambiente. La comunidad quiere saber tres cosas: dónde está la autorización técnica y el estudio de impacto ambiental que justificara la tala, quién fue el funcionario que aprobó eliminar todo el arbolado en lugar de integrarlo al diseño del proyecto, y qué plan de remediación y qué sanciones se aplicarán por una obra pública realizada al margen de los procedimientos ambientales.
