La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra dos mujeres y una garantía económica a una tercera, acusadas de integrar una red de tráfico de menores hacia las islas de Tórtola y Dominica, estructura que fue descubierta luego de que inspectores migratorios detectaran que las víctimas, provistas de pasaportes dominicanos, solo se comunicaban en creole.
La medida de coerción privativa de libertad fue dictada contra Adolfina Paula Pimentel y Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en San Cristóbal. En tanto, a la imputada Yaribel Cristina Esquea se le impuso una garantía económica de 50 mil pesos mediante compañía aseguradora y presentación periódica. El juez Leomar Cruz Quezada también declaró el caso de tramitación compleja.
El expediente del Ministerio Público establece que el pasado 8 de octubre de 2026, Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y posteriormente a Dominica junto a dos de las adolescentes, de 14 y 16 años. Durante la inspección de los permisos de salida núm. 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750, el inspector detectó que este último era falso, por lo que remitió a las viajeras a la sala de investigación.
Al momento de interrogar a las menores de edad, las autoridades constataron que solo hablaban creole, lo que levantó sospechas de inmediato debido a que los pasaportes que portaban figuraban a nombre de ciudadanas dominicanas. Cuestionada sobre el vínculo, Pimentel afirmó no conocer a las jóvenes y alegó que desconocidos se las habían entregado en la terminal aeroportuaria, procediéndose a su arresto en flagrante delito.
Las indagatorias arrojaron que las libretas de viaje habían sido expedidas entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026 mediante la suplantación de identidad, utilizando actas de nacimiento de hijas de padres residentes en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Según la solicitud de la Fiscalía, a Esquea le ofrecieron dinero para que facilitara las identidades de sus propias hijas a fin de tramitar los documentos y sacar a las víctimas del país, propuesta que aceptó; asimismo, Rosario Rodríguez le ofreció compensación económica para colaborar con el traslado.
Hasta el momento se han identificado tres víctimas bajo el cuidado y protección de las autoridades. El caso es encabezado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por Yoanna Bejarán Álvarez, junto a los fiscales Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, en coordinación con el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
