La Procuraduría General de la República Dominicana formalizó su ingreso a la Plataforma de Palermo de lucha contra el crimen organizado transnacional, constituyéndose en el primer país de la región en adherirse a esta iniciativa de persecución penal estratégica.
La firma del convenio fue realizada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso el pasado 27 de octubre en Lisboa, Portugal, en el marco de una reunión de fiscales y especialistas de 18 países orientada a coordinar medidas contra el narcotráfico y el lavado de activos. La adhesión contó con el respaldo del programa de cooperación de la Unión Europea, EL PAcCTO 2.0.
La Plataforma de Palermo, orientada a articular respuestas operativas conjuntas frente a delitos complejos, está presidida por el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo, y toma como base metodológica los esquemas de investigación antimafia desarrollados originalmente por los magistrados italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
El evento técnico fue organizado en conjunto con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la Fiscalía Europea (EPPO), la Fiscalía General de Portugal y la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo (DNA) de Italia. En total, congregó a 132 fiscales y expertos procedentes de Europa, América Latina y Angola.
Los trabajos fueron coordinados por el subdirector de EL PAcCTO 2.0, Giovanni Tartaglia Polcini, dentro del componente italiano del programa que supervisa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y ejecuta la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).
Durante esta tercera edición del Encuentro de Coordinación Judicial, las delegaciones examinaron las modificaciones en las rutas del narcotráfico internacional, las tipologías actuales de blanqueo de capitales y los procedimientos técnicos para la recuperación de activos ilícitos.
«Para comprender una organización transnacional, debemos reconstruir las conexiones entre sus diversas actividades, incluso cuando la información se encuentra fragmentada entre las autoridades de distintos países», señaló el director del programa, Javier Samper Orgilés.
Las sesiones concluyeron con el consenso técnico de los participantes sobre la prioridad del rastreo financiero y el intercambio sistemático de información operativa entre jurisdicciones para limitar la capacidad de actuación de las redes de delincuencia organizada.
