La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desestimó formalmente el anteproyecto de ley de regularización de documentos depositado en la Cámara de Diputados por la legisladora de esa misma organización política, Maribel Altagracia Almánzar de Ogando, tras considerar que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) normar estos procedimientos bajo estrictos criterios de rigor institucional.
Durante una reunión del máximo organismo directivo del PRM, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Deligne Ascención, fijó la posición de la organización solicitando a la congresista y a la bancada legislativa desistir del trámite de dicha iniciativa. «Como partido político nosotros rechazamos de manera contundente esta propuesta de esta legisladora y pedirles a nuestros legisladores y a ella también como miembro de nuestro partido, que desista de esta iniciativa y que fortalezcamos los pasos que viene dando la Junta Central Electoral en materia de solución y las vías y puentes que ellos están estableciendo», puntualizó.
En la misma línea, el vicepresidente del PRM, Eddy Olivares, precisó que la propuesta no contaba con el aval ni con el conocimiento previo del partido ni de la bancada parlamentaria: «Se trata de un anteproyecto. Hay miles de anteproyectos que no llegan a ser proyectos en la Cámara de Diputados. Y esa no es la posición de nuestro partido (…). Tendría que pasar por el bloque y de seguro que terminaría ahí. De manera que eso nunca tuvo posibilidad de ser discutido en la Cámara de Diputados».
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM, Roberto Fulcar, calificó de inoportuno el abordaje de la pieza en la coyuntura actual: «A nosotros no nos parece sensato ni presentar ni abordar un tema de esa naturaleza en el contexto presente de la República Dominicana y lo que estamos viviendo casi en vísperas de un proceso electoral. No compartimos esa idea, no compartimos ese proyecto y tampoco es un proyecto del PRM».
Alcance de la propuesta legislativa
La iniciativa legislativa presentada por la diputada Almánzar de Ogando plantea la creación de un régimen especial para dotar de una «cédula especial de identidad» a personas que no logren acreditar jurídicamente la nacionalidad dominicana tras las verificaciones correspondientes, pero que hayan desarrollado su vida en el país valiéndose de documentación nacional.
Conforme al articulado del texto:
- Características del documento: La cédula especial permitiría realizar trámites legales, laborales y contractuales que no requieran formalmente la nacionalidad. El plástico llevaría visible la inscripción «NO VOTA», no facultaría la emisión o renovación de pasaporte dominicano y, en ausencia de prueba legal de origen, consignaría el estado de «Nacionalidad no determinada».
- Infracciones registrales y suplantaciones: El artículo 2 de la propuesta incluye en este mecanismo a individuos con antecedentes de duplicidades, falsedades registrales, inconsistencias o suplantación de identidad, señalando que la eventual comisión de un ilícito en el origen del documento irregular no representaría una causa de exclusión automática, aunque sin eximir al solicitante de responsabilidades penales.
- Preservación de relaciones jurídicas: La normativa busca validar y mantener los efectos de actos civiles constituidos previamente, tales como matrimonios, actas de nacimiento de descendientes, derechos sobre propiedades, contratos comerciales, pensiones y afiliaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
- Valoración de arraigo: Se prevé el análisis de elementos como la permanencia familiar, vida laboral, estudios y tenencia de bienes, sin sujetar el arraigo a un límite estricto de años de residencia.
- Rol de la JCE: El anteproyecto asigna a la Junta Central Electoral la recepción, indagación y resolución de cada expediente en plazos de entre 30 y 45 días laborables, sin estipular expresamente como requisito la obtención previa de una residencia bajo la Ley General de Migración 285-04.
