La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva en contra del abogado de oficio Andrés Acosta Vargas y de Franyely Franchesca Peralta Guzmán, a quienes el Ministerio Público imputa de conformar una estructura dedicada a la captación y explotación sexual de personas menores de edad.
El juez Dayham Rodríguez dispuso que Acosta Vargas y Peralta Guzmán cumplan la medida cautelar en las instalaciones de los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, tras acoger la solicitud de medidas coercitivas sustentada por el órgano acusador.
De acuerdo con las indagatorias conducidas por el director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, Juan Osvaldo García, los procesados ubicaban a adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, a quienes ofrecían dinero en efectivo y regalos a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el imputado registraba en video dichos actos. En el caso de una de las víctimas, el contacto inicial se produjo a través de una aplicación de citas, mientras que otra de las adolescentes fue trasladada mediante engaño desde el municipio de Esperanza, en la provincia Valverde, hacia Santiago.
Durante la audiencia de conocimiento de medida, la fiscal litigante Heidys de León expuso que las pesquisas han permitido individualizar hasta el momento a tres víctimas de la red, entre ellas una joven de 17 años en estado de gestación. A requerimiento del Ministerio Público, el tribunal autorizó la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba para recabar las declaraciones de las víctimas y de un testigo menor de edad a fin de evitar su revictimización en el plenario, al tiempo que ordenó la extracción pericial de los registros almacenados en los teléfonos móviles incautados.
En la requisa realizada al domicilio de Acosta Vargas, encabezada por la fiscal Cristina Ramírez, las autoridades confiscaron cámaras de videograbación, cables de transferencia USB, medicamentos de acción somnífera, estimulantes sexuales, dinero en efectivo y preservativos nuevos y usados.
El órgano judicial admitió la calificación jurídica provisional formulada por el Ministerio Público, que contempla la presunta violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas (modificada por la Ley 46-25), las infracciones tipificadas en el artículo 396 (literales B y C) de la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y las transgresiones previstas en la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
