El sector comercial dominicano expresó preocupación ante las posibles sanciones que enfrentarán miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que no logren cumplir con las disposiciones de la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica, cuyo plazo de implementación vence el próximo 15 de noviembre.
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, ha advertido que numerosos establecimientos no cuentan con los recursos económicos, equipos tecnológicos ni personal capacitado para incorporarse al sistema exigido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Advierten sobre multas y cierre de negocios
García considera que la aplicación de sanciones contra los pequeños comerciantes podría perjudicar seriamente a miles de negocios que todavía operan mediante sistemas tradicionales de facturación.
El dirigente comercial ha señalado que entre 60,000 y 100,000 establecimientos podrían enfrentar dificultades para cumplir con la disposición, especialmente colmados, salones de belleza, talleres de ebanistería y minimarkets.
También ha pedido a las autoridades buscar alternativas que permitan una transición progresiva, sin recurrir inmediatamente a multas o cierres de establecimientos.
Piden hasta diez años para adaptarse
El representante de los comerciantes propuso establecer un período de entre siete y diez años para que las mipymes puedan completar su adaptación al sistema de facturación electrónica.
Según explicó, muchos pequeños negocios carecen de conexión estable a internet, equipos informáticos y conocimientos suficientes para implementar los mecanismos requeridos por la legislación.
García aclaró que el sector comercial no se opone a la modernización tributaria, pero considera necesario tomar en cuenta las condiciones particulares de los establecimientos de menor tamaño.
Plazo vence el 15 de noviembre
La Ley 32-23 establece la obligatoriedad de la facturación electrónica en la República Dominicana mediante un calendario de implementación según la clasificación de los contribuyentes.
Para los pequeños contribuyentes, microempresas y negocios no clasificados, el plazo original vencía el 15 de mayo de 2026. Sin embargo, la DGII concedió una prórroga administrativa de seis meses, que concluye el 15 de noviembre.
La legislación contempla sanciones por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la emisión y gestión de comprobantes fiscales electrónicos.
DGII mantiene proceso de implementación
La Dirección General de Impuestos Internos ha defendido la facturación electrónica como una herramienta para modernizar el sistema tributario, mejorar la transparencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La institución dispone de un facturador gratuito y de proveedores autorizados para ayudar a los contribuyentes durante el proceso de incorporación.
No obstante, los representantes comerciales insisten en que la transición debe realizarse tomando en consideración las limitaciones económicas y tecnológicas de las mipymes, con el objetivo de evitar que las sanciones afecten la continuidad de sus operaciones.
