El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) evitar la aplicación de multas y otras sanciones contra los colmados, microempresas y pequeños negocios que no lograron incorporarse al sistema de facturación electrónica dentro del plazo establecido.
Según informó la periodista Patria Reyes, de Listín Diario, el presidente de Conacerd, Antonio Cruz Rojas, pidió a las autoridades tributarias actuar con prudencia y considerar las dificultades económicas y tecnológicas que enfrentan miles de comerciantes dominicanos.
El dirigente empresarial advirtió que numerosos establecimientos, especialmente los ubicados en comunidades rurales, carecen de los equipos, la conexión a internet y los conocimientos necesarios para cumplir adecuadamente con las nuevas disposiciones fiscales.
Solicitan período de adaptación sin multas
Cruz Rojas reconoció los esfuerzos realizados por la DGII para facilitar la transición, incluyendo la disponibilidad de una herramienta gratuita de facturación electrónica. Sin embargo, consideró que estas facilidades todavía no son suficientes para garantizar la incorporación de todos los pequeños contribuyentes.
En ese sentido, Conacerd propuso revisar los mecanismos de implementación y establecer un período de orientación y acompañamiento sin sanciones, que permita a los negocios completar su adaptación al sistema digital.
La organización entiende que una transformación de esta magnitud debe ejecutarse de manera gradual, tomando en consideración las diferencias económicas y tecnológicas existentes entre las grandes empresas y los pequeños establecimientos comerciales.
Multas podrían alcanzar los 30 salarios mínimos
El plazo para incorporarse al sistema de facturación electrónica venció el domingo 15 de noviembre de 2026, luego de una extensión de seis meses concedida a los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados.
La DGII ha reiterado que no contempla una nueva prórroga, debido a las disposiciones legales vigentes.
Los negocios que incumplan las obligaciones establecidas en la Ley 32-23 podrían enfrentar sanciones económicas equivalentes a entre cinco y treinta salarios mínimos, dependiendo de la infracción correspondiente.
La normativa también contempla medidas adicionales ante determinados incumplimientos, incluyendo la suspensión de concesiones o privilegios y la clausura temporal de establecimientos en los casos previstos por la legislación.
Miles de contribuyentes todavía no completan el proceso
De acuerdo con los datos divulgados, al cierre del viernes 13 de noviembre más de 144,000 contribuyentes ya operaban mediante el sistema de facturación electrónica.
Sin embargo, cerca del 50 % de las empresas pequeñas, micro y no clasificadas todavía no había iniciado su proceso de incorporación, pese a las facilidades ofrecidas por las autoridades.
Durante el fin de semana, la DGII habilitó horarios especiales de atención para asistir a los contribuyentes interesados en completar sus solicitudes. El servicio incluyó orientación telefónica y asistencia virtual.
Preocupación por el futuro de los pequeños negocios
Los representantes del comercio organizado consideran que la aplicación inmediata de sanciones podría agravar las dificultades financieras de establecimientos que operan con recursos limitados.
También advierten que los negocios que permanezcan fuera del sistema enfrentarán restricciones para emitir comprobantes fiscales tradicionales con valor de crédito fiscal, lo que podría afectar sus relaciones comerciales con empresas e instituciones.
La Ley 32-23, promulgada en mayo de 2023, estableció un calendario gradual para incorporar a los contribuyentes al sistema de facturación electrónica, comenzando por las grandes empresas y extendiéndose posteriormente a los negocios de menor tamaño.
Conacerd reiteró que respalda la modernización del sistema tributario dominicano, pero insiste en que su aplicación debe acompañarse de medidas que permitan a los pequeños comerciantes cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo la continuidad de sus operaciones.



