Una trama de captación a través de redes sociales, mediante la cual un hombre de 24 años aprovechó las limitaciones económicas de un adolescente de 15 años para inducirlo a vender drogas, antecedió a la retención y muerte del menor en esta provincia. Por su presunta vinculación con estos hechos, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva contra Darwin David Jiménez Almonte, alias “Darwin”.
La medida de coerción fue dictada por la jueza Adaías Sánchez Collado, quien ordenó que el imputado, arrestado mediante orden judicial, cumpla la sanción en la cárcel pública de La Vega.
Captación y control mediante redes sociales
De acuerdo con la instancia presentada por el Ministerio Público, el acercamiento inició el 7 de septiembre de 2026, cuando Jiménez Almonte conoció al adolescente en un centro de recreación del sector Barranca, en La Vega, misma comunidad donde residía la víctima.
A partir de ese encuentro, el procesado estableció comunicación con el menor a través de una red social, aparentando interés en entablar una amistad. Durante las conversaciones, que el adolescente sostenía desde el teléfono celular de su abuela, el imputado identificó sus carencias económicas y su deseo de comprarse un teléfono propio.
Ante ese escenario, el órgano persecutor señala que Jiménez Almonte ejecutó los siguientes pasos para involucrarlo en el microtráfico:
- Reclutamiento: Le propuso vender sustancias controladas bajo su dirección y le ofreció marihuana bajo la expresión de “una nueva mercancía para probarla”.
- Traslados y dádivas: Comenzó a recogerlo de forma habitual frente a la vivienda de su abuela paterna a bordo de un vehículo gris con cristales oscuros, lo invitaba a salir y le hacía regalos.
- Supervisión digital: Dirigía la distribución de las sustancias encomendadas al menor y le daba seguimiento constante a través de Instagram mediante mensajes como “¿cómo va la venta?”.
Retención y hallazgo del cadáver
Según la cronología del expediente, el 29 de octubre de 2026, alrededor de la 1:20 de la tarde, Jiménez Almonte llegó en el vehículo gris frente a la residencia de la abuela paterna del adolescente, siendo ese el último momento en que la mujer vio a su nieto con vida. Ese mismo día, el menor fue retenido en un lugar utilizado para la venta de drogas.
Al día siguiente, el 30 de octubre de 2026, cerca de las 10:00 de la mañana, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida del joven en la carretera que comunica a Barranca con Villa Tapia.
El examen externo practicado al cadáver diagnosticó múltiples policontusiones (hematomas) provocadas por un objeto contundente en el tórax posterior, la región glútea y ambos miembros inferiores. Además, se observó una herida en la región craneal parietal izquierda y surcos postligadura en ambas muñecas, por lo que el cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago para la autopsia médico-legal.
Sustentación legal en audiencia
La solicitud de medida de coerción fue estructurada de manera conjunta por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, junto a la titular de la Fiscalía de La Vega, procuradora Aura Luz García Martínez, y el fiscal Julián Tomás Capellán Marte.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Cristian García Jiménez, quien presentó pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas y digitales. Por su parte, la víctima estuvo representada por el abogado Yuliot Levit Astacio Mateo, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).



