El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, fue sometido por el consejo de defensa del exbanquero Luis Alvarez Renta por ante la Suprema Corte de Justicia mediante una querella penal, bajo los cargos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, desacato a la sentencia de un tribunal y de violar la Constitución y 15 artículos del Código Penal.
La instancia, depositada el 10 de octubre, está relacionada con la negativa del doctor Domínguez Brito de acatar la sentencia emitida el 15 de septiembre por el Tribunal para la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante la cual dispuso que Álvarez Renta cumpliera un año de prisión domiciliaria para someterse a un proceso de cirugías y tratamientos de salud.
El tribunal ordenó también que se cumpliera la prisión domiciliaria “aún se interponga un recurso de apelación”, disposición que fue desacatada por el doctor Domínguez Brito.
En la querella se argumenta que Luis Álvarez Renta “ha venido confrontando serios problemas de salud, para los cuales ha requerido la atención de diferentes profesionales de la medicina, incluyendo diabetes, hipertensión, arritmia e insuficiencia cardíaca, apnea, y serios problemas gastrointestinales”.
Reporta el periodista Silvio Cabrera para el periódico El Nacional que la querella dice que “la conducta del procurador general se traduce en desconocimiento del debido proceso y en abierto desacato de la ley, en abuso de autoridad y en usurpación de funciones propias del Poder Judicial; todo ello, escudándose en una supuesta lucha contra la impunidad”.
