SANTO DOMINGO. Más de 100 haitianos indocumentados cumplieron este sábado un mes de ocupar la acera frontal del ministerio de Trabajo de República Dominicana, en demanda del pago de sus prestaciones por el cierre de la empresa agrícola en la que trabajaban y de alojamiento mientras dure el proceso legal.
«Como ella tiene derecho a hacer cerrar la compañía, ella tiene el deber de buscar una solución para nosotros, porque nosotros no saldremos de aquí sin los cuartos (el dinero) en la mano», dijo a la AFP el vocero del grupo, Francisco Ojilu, en respuesta a la actitud evasiva de la ministra dominicana de Trabajo, Maritza Hernández.
El viernes, la funcionaria desligó a su institución del conflicto y alegó que sólo podía mediar para una conciliación, pero que «una vez elegido y apoderado un tribunal, la situación escapa a la competencia del Ministerio de Trabajo».
Los 112 haitianos exigen al gobierno que haga que la empresa Coquera Real, que cultiva cocos para el comercio de sus derivados y que cerró en diciembre por supuestos problemas económicos, les pague los últimos cuatro meses de trabajo y las prestaciones acumuladas, en muchos casos durante 14 años.
Desde el 12 de diciembre, los obreros, algunos con sus mujeres y niños, permanecen sobre pedazos de cartón o tela, tirados sobre la acera del edificio gubernamental, bajo serias dificultades de higiene.
Aunque la ministra pidió al grupo que se retire, la vigilia continúa en demanda de protección a los inmigrantes.
«Aspiro a que el Estado cumpla con un rol que lo obliga la ley y los tratados internacionales, a que los proteja, los lleve a un centro de protección y se les otorguen todos los servicios (legales) necesarios», declaró a la AFP el abogado de los haitianos, Carlos Manuel Sánchez.
El grupo además sometió a la Justicia al propietario de la empresa, Rafael Emilio Alonso Luna, por supuesta trata de personas y violación a los derechos humanos, ya que los trabajadores habrían sido traídos desde Haití y extorsionados para que no abandonaran la plantación.
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