Participación Ciudadana reclama sanción a congresistas

Santo Domingo. La entidad cívica no partidista de Participación Ciudadana, reclama una investigación por parte del Ministerio Público a congresistas y ex congresistas que no han presentado su declaración jurada de patrimonio.

Información suministrada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de Participación Ciudadana, revela que 20 diputados/as de los elegidos en el 2024 y 78 de los que salieron en el mismo año, no han presentado sus declaraciones juradas.

Los diputados actuales que no han cumplido con esta obligación establecida en la Ley 311-14 son:

1. Socorro Monegro (Parlacen)

2. Sergio Moya

3. Ramón Gori (Parlacen)

4. Rafael Chalas (Parlacen)

5. Pedro Corporán (fallecido)

6. Namibia Didiez (Parlacen)

7. Melvin Lara

8. Kinsberly Taveras

9. Juana Castillo

10. José Rodríguez

11. Jheyson García

12. Ismael Reyes (Parlacen)

13. Eugenio Cedeño

14. Eudy de la Cruz

15. Esmeralda Mancebo

16. Enmanuel Polanco (Parlacen)

17. Carmen Morel

18. Carlos Gil

19. Ángel Sánchez

20. Adelso Rubén Contreras

Todos los senadores actuales han cumplido, pero hay 7 ex senadores que continúan en violación a la ley, pues no han presentado su declaración de salida. Ellos son: Bautista Rojas, David Sosa, Iván Silva, José del Carmen Castillo, Lenin Valdez, Martin Nolasco y Ramón Pimentel. 

Indica Participación Ciudadana que el régimen de consecuencias para los legisladores que, en vez de ser ejemplos en el cumplimiento de las leyes se convierten en transgresores, debería comenzar en sus propios partidos. También el Ministerio Público debería aplicar el artículo 19 de la ley citada, que dispone: “El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requisitos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma”.

Finalmente, Participación Ciudadana espera que la sociedad recuerde los nombres de los infractores y recaiga sobre ellos la sanción social y electoral correspondiente.