La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, emitió un enérgico mensaje este miércoles en nombre del Ministerio Público, denunciando el aumento de conflictos mediáticos que, según advirtió, están socavando la credibilidad del debate público y los derechos ciudadanos.
«Hemos sido testigos de una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, chantajes y difamaciones que han convertido el periodismo en una industria del descrédito», declaró Ramos. La fiscal aseguró que estas prácticas han desplazado la verdad por «intereses personales, extorsivos o políticos».
Ramos anunció que la Fiscalía ya investiga a varios comunicadores y figuras públicas por presuntos esquemas de chantaje, uso indebido de plataformas mediáticas y manipulación informativa. Entre los mencionados están:
Ángel Martínez
Claudia Pérez («La Tora»)
Luis Alfredo Cabrera («Kapulet»)
José Maracallo
Fernando Peña
«No permitiremos que la libertad de expresión se convierta en un arma de manipulación», enfatizó.
Llamado a la ética mediática
La fiscal calificó como «una vergüenza social» que quienes deben ser guardianes de la verdad promuevan «denuncias sin fundamento y operaciones que deforman la realidad». Hizo un llamado a gremios, líderes de opinión y ciudadanos a rechazar estas prácticas y recuperar la ética en la comunicación.
«Esto debe parar. No por censura, sino por decencia», sentenció. Aseguró que el Estado actuará dentro de la ley para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de los ciudadanos a no ser víctimas de campañas difamatorias.
«Cuando las palabras se convierten en mecanismos de coacción, el Estado debe responder. Y así lo haremos», concluyó.
El anuncio ha generado reacciones encontradas, con sectores que apoyan la medida y otros que exigen garantías para que no se limite el periodismo crítico.
