El 2025 quedará registrado como uno de los años más críticos para la ingeniería civil dominicana. Nunca antes la opinión pública había presenciado tantos errores, colapsos y decisiones cuestionables en obras que, en teoría, debían garantizar la seguridad de la población. Desde edificaciones mal concebidas hasta infraestructuras viales fallidas, el país fue testigo de una cadena de situaciones que encendieron las alarmas.
A continuación, un repaso por seis construcciones e inversiones en infraestructura que concentraron la atención mediática, no por su calidad, sino por sus fallas.
Número seis: la Torre Canillas, en Los Mina
Este edificio se convirtió en símbolo de mala práctica constructiva, no solo por ser el más alto de Los Mina, sino por la forma en que fue ejecutado. La torre comenzó a revestirse de bloques de arriba hacia abajo y fue levantada en una vía principal, sin linderos ni parqueos, lo que de entrada la colocó bajo la lupa de las autoridades.
Lo más alarmante fue su configuración estructural: los primeros tres niveles quedaron expuestos con columnas metálicas, mientras que los cuatro pisos superiores fueron densamente construidos con divisiones en block. Esto constituye un claro ejemplo del llamado “piso suave”, un error grave en un país con alta actividad sísmica, ya que aumenta considerablemente el riesgo de colapso ante un terremoto.
Actualmente, no se observan letreros oficiales que indiquen su paralización, por lo que su estatus real sigue siendo incierto.
Número cinco: la circunvalación de Baní
Una obra de gran envergadura, con presupuesto holgado y ejecutada por uno de los contratistas más experimentados del Estado, terminó envuelta en críticas. La circunvalación de Baní atraviesa terrenos llanos, sin grandes retos geográficos, lo que hacía esperar una ejecución sin sobresaltos.
Sin embargo, llamó la atención un terraplén de más de un kilómetro de longitud, cuya vulnerabilidad quedó expuesta cuando un drenaje no soportó el volumen de agua generado por un fenómeno atmosférico cercano, afectando el puente de conexión hacia Azua.
Aunque el contratista asumió la responsabilidad y corrigió el problema, el caso reavivó el debate sobre el uso excesivo de puentes y terraplenes, que elevan costos y riesgos innecesarios.
Número cuatro: el puente de Yamasá y el estado de los puentes del país
El colapso del puente que comunicaba Don Juan con Yamasá, ocurrido el 25 de septiembre durante la temporada ciclónica, dejó en evidencia una problemática estructural más amplia. El puente tenía apenas 26 años de construido y cedió justo cuando un camión cargado lo cruzaba.
En República Dominicana existen alrededor de 2,600 puentes, de los cuales al menos 300 están en peligro extremo. La causa principal no es su antigüedad, sino la falta de mantenimiento y supervisión periódica.
Casos como el deterioro del puente de la 17, así como los de Villamella y Sabana Perdida, encendieron la alarma nacional. Ante esta situación, Obras Públicas anunció un plan para eliminar y reconstruir 53 puentes vulnerables con una inversión estimada de 200 millones de dólares para 2026.
Número tres: megatiendas extranjeras cerradas por el Ministerio de Vivienda
Uno de los casos más desconcertantes del año fue el cierre de varias megatiendas extranjeras ubicadas en avenidas principales del país. Se trata de inversiones millonarias que, pese a contar con terrenos y recursos suficientes, fueron levantadas sin cumplir las normativas dominicanas.
Las autoridades detectaron que muchas de estas edificaciones no fueron debidamente revisadas por técnicos calificados, lo que obligó al Ministerio de Vivienda a intervenir. El caso generó indignación, ya que estas leyes existen para proteger la seguridad de los ciudadanos, quienes además son los principales clientes de estos comercios.
Número dos: el cáncamo de la autopista Duarte y el metro de Los Alcarrizos
Durante gran parte del año circularon rumores sobre irregularidades en esta obra, pero la polémica estalló tras la difusión de un video donde se observaban varillas principales expuestas en una columna del futuro metro de Los Alcarrizos.
El hecho evidenció graves fallas en la supervisión especializada, pese a los miles de millones invertidos precisamente para evitar este tipo de errores. Las críticas no se limitaron a la columna afectada, sino también a aceras estrechas, columnas mal ubicadas, empalmes deficientes y piezas desalineadas del viaducto.
Aun así, el sobrediseño de la estructura permitiría que el tren opere, lo que podría llevar a que estas irregularidades sean olvidadas con el tiempo.
Número uno: la discoteca cuyo nombre no se menciona
El caso más trágico del año fue el colapso del techo de una discoteca, una situación tan grave que incluso genera censura en plataformas digitales. El desastre fue consecuencia de múltiples remodelaciones sin supervisión técnica, incluyendo el vaciado de cuatro finos de concreto que alcanzaron un grosor de 37 centímetros.
A esto se sumó el peso adicional de tinacos y una planta eléctrica sobre la estructura, sobrecargando un techo que no fue diseñado para soportar tal carga. El resultado fue una tragedia que reabre el debate sobre la responsabilidad penal en obras privadas.
Mientras en otros países tragedias similares han conllevado condenas severas, en República Dominicana aún no existe una legislación clara que distribuya responsabilidades reales en estos casos.
Otros casos que quedaron en el debate público
También fueron mencionados el colapso de encofrados en el materno infantil de Azua, fallas en una tienda de Santiago, reductores de velocidad mal ejecutados, policías acostados deficientes y obras urbanas mal concebidas.
El 2025 deja una lección clara: la improvisación, la falta de supervisión y el irrespeto a las normas técnicas cuestan vidas. La ingeniería civil no admite atajos, y el país enfrenta el reto urgente de fortalecer la fiscalización, la transparencia y la responsabilidad en cada obra que se construye.
