La Fiscalía del Distrito Nacional depositó un recurso de apelación a la resolución No. 668-2014-0455, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que favorece con libertad pura y simple del sargento de la P.N Eduardo Andrés Massanet Martínez, imputado de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
Después de una ardua labor de investigación del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Drug Enforcement Administration (DEA), en fecha 14 de febrero del presente año el imputado fue interceptado por miembros de la DNCD cuando se desplazaba por la calle Hermanos Pisón próxima a la avenida Teniente Amado García, del sector Villa Consuelo.
Al requisar el vehículo Porsche, modelo Cayenne, en el que se desplazaba, se le ocupó en el porta equipaje dos bultos contiendo la suma de cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta dólares, una pistola marca Glock, quince cápsulas, un cargador y varios documentos.
La Fiscalía considera que es evidente que el juez no valoró la conducta del imputado de conformidad a lo que establecen los hechos ni en coherencia con la valoración armónica de las pruebas, ya que si hubiera tomado en cuenta que el imputado se desplazaba en un vehículo de lujo con una alta suma de dinero, unido a la interceptación de llamadas telefónicas en la que se escucha hablar sobre transacciones, que se pueden establecer son del narcotráfico, además de que ingresó a las filas de la policía para facilitar sus actividades en el mundo del narcotráfico, otra hubiera sido la decisión.
Indica la Fiscalía del Distrito Nacional en un comunicado que el tribunal se contradice porque por un lado establece que no hay tipicidad y que por ende no procede la imposición de ninguna medida, pero por otro deja establecido que el imputado promete asistir a todos los actos del procedimiento, resultando esto ilógico ya que según el juzgador no hay tipo penal.
En el recurso la Fiscalía del Distrito solicita que sea revocada la resolución referida por falta de fundamentos y errónea aplicación de la Ley, y que sea impuesta la medida de coerción consistente en un año de prisión preventiva en contra del imputado por ser la medida que se corresponde con la gravedad de los hechos.
