El padrón de electores de la JCE tiene más de 7 millones de personas

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Santo Domingo. El número de personas con derecho al voto se ha incrementado en el país, y ya son más de siete millones los hábiles para sufragar, según cifras de la Junta Central Electoral (JCE).

Destaca el periódico Diario Libre que las estadísticas del pasado martes 13 de enero indican que en comparación con el padrón electoral utilizado en las pasadas elecciones del 2012, que fue de 6,502,968, el número de votantes aumentó en 562,849, para un total de 7,065,817.

De ellos, 495,755 corresponden a nuevos inscritos; 804 rehabilitados; 13,402 obedecen a personas que tenían la cédula azul; 51,426 son menores que pasaron a mayores de edad; 13,016 militares que fueron dados de baja; 1,379 extranjeros nacionalizados y 86,956 menores que serán mayores para un sub total de 662,738.

Tras ser sometidos a un proceso de depuración, de dicha cantidad, fueron excluidos unos 87,846 personas mayores que fueron inhabilitadas por diferentes causas, 12,041 que pasaron de civiles a militares, y dos que cambiaron su nacionalidad, número que hacen un total general de 562,849 votantes.

Acorde con las proyecciones de las autoridades de la JCE, el número de las personas con derecho al voto irá en aumento conforme se vaya agotando el proceso de cedulación.

Roberto Rosario, presidente de la JCE, ha señalado al respecto que “el proceso de cedulación servirá para actualizar y depurar el padrón electoral”. Dicho padrón es actualizado todos los días.

Los datos

En el padrón de electores sólo figuran los dominicanos aptos para votar, dado que los militares y extranjeros no aparecen en el mismo, porque no tienen derecho al voto, según lo establece la Constitución de la República.

Conforme al artículo 20 de la Ley 55 de Registro Electoral, no podrán ser inscritos en el padrón: el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de Policía; los que hayan sido objeto de condenación irrevocable a pena criminal, hasta su rehabilitación; los que hayan sido objeto de interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure y los que hayan admitido en territorio dominicano función o empleo de un gobierno extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo.

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