La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, envió ayer una comisión de abogados investigadores para indagar las condiciones en que se encuentran los reclusos de la cárcel preventiva en la provincia de la Altagracia, en donde en menos de dos semanas han muerto dos reclusos, uno de ellos por desnutrición grado tres y deshidratación severa.
La comisión integrada por María Batista, Segunda Adjunta, y Carlos Deschamps, Abogado Inspector, pudo constatar las condiciones infrahumanas en las que viven más de 300 reclusos, en una infraestructura con capacidad para cincuenta.
Uno de los motivos principales de la sobrepoblación en el centro se debe a la falta de personal, ya que hay más de cien reclusos que no han podido ser trasladado a otros recintos por la falta de una resolución policial.
Según los internos, las condiciones de calor, la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades que proliferan en el lugar como tuberculosis, cólera, salpullido, entre otras, son detonantes para que ocurran casos como los de Wuandi Zue y Aleudy Simá, fallecidos recientemente.
Durante su recorrido por Higuey, la delegación del Defensor del Pueblo se reunió con el Fiscal de la provincia La Altagracia, Edwin Encarnación Medina, quien se comprometió a aumentar inmediatamente las raciones de comida y cena de 50 a 200 por día, y proveerlos de diez botellones de agua potable.
Al tiempo que realizó un llamado al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para que en el menor tiempo posible se adecue en la provincia un centro carcelario de mayor capacidad y mejores condiciones.
También visitaron el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, para cerciorarse del estado de salud de más de 15 reclusos que se encuentran ingresados, los cuales están siendo evaluados, ya que se teme estén afectados de cólera, informó el doctor Héctor Julio Rincón, director del hospital.
Zoila Martínez Guante, titular de la institución encargada de salvaguardar los Derechos Humanos y Fundamentales en el país, realizó un llamado a la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, para que realice un operativo médico en dicho centro lo antes posible.
Informó que se mantendrá enviado abogados inspectores de la institución al centro penitenciario, para percatarse de que no se sigan vulnerando los derechos de los internos a una alimentación digna y a la salud.
