El siguiente es un escrito de Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, Director ejecutivo de Casa Abierta.
El día 10 de diciembre del año 1948 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas – ONU, como “Día Internacional de los Derechos Humanos”. ¡Defiende hoy los derechos de los demás!, es el lema que este año la ONU ha adoptado para este día. Se basa el mismo en la proposición fundamental de la Declaración, que plantea que “cada uno de nosotros, en todas partes y en todo momento, tiene derecho a toda la gama de derechos humanos, y que es responsabilidad de todos protegerlos”.
Transcurridos 68 años de este momento estelar, es evidente que la humanidad tiene aún un largo camino por recorrer para garantizar los derechos de todos y todas. Vivimos tiempos de altos riesgos de discriminación, estigma y violencia hacia las personas refugiadas o migrantes, personas LGTB, mujeres, niños y niñas, afrodescendientes… La ambición de unos pocos ha hecho reaparecer los falsos nacionalismos, basados en el odio, y no en la solidaridad, la justicia y el respeto por la diversidad.
Una población especialmente discriminada, estigmatizada y abusada en sus derechos es la usuaria de drogas. Así como ocurre con otras poblaciones, las personas usuarias de drogas son presas de políticas injustas que les discrimina y estigmatiza, les excluye, les condena, y les mata, o simplemente les deja morir.
En nuestro país, las autoridades se aferran sin razón o justificación alguna, a una política contra las drogas
ultrarepresiva, contrario a lo que ya sucede en otras sociedades que avanzan hacia políticas basadas en los derechos, la salud, y la inclusión. Se aferran a una política fracasada que no logra detener el negocio ilegal, y mucho menos el consumo problemático. Nuestros dirigentes se niegan a una revisión de estas políticas violatorias de los derechos y la dignidad humana, derechos fundamentales en nuestra constitución.
El “Día Internacional de los Derechos Humanos”, se conmemora en nuestro país con un sistema de justicia desbordado, repletas nuestras cárceles, de ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría jóvenes de comunidades empobrecidas víctimas de un sistema que convierte en delito una conducta privada que no tiene ninguna repercusión social. Se ha vendido la idea de que las personas que consumen sustancias son delincuentes violentos. Se usan a las personas consumidoras como chivos expiatorios, atribuyéndoles males sociales que se saben más complejos y no necesariamente vinculados a las drogas, como son la violencia y la delincuencia.
Vivimos en un falso Estado de Derecho, en el que importan más los discursos y alardes de fuerzas, que los resultados de una política injusta, mediocre y contraria a los derechos. Una política de drogas que actúa como una red paradójica, capaz de detener a los” pececitos”, pero que deja pasar impunemente a los “pejes gordos”. ¿Por qué se hace tan difícil avanzar hacia tratos más humanos y justos a las personas que usan drogas? ¿Por qué no somos capaces de entender las terribles consecuencias, quizás para el resto de su vida, que tienen para una persona joven el arresto y sometimiento a la justicia por simple posesión? ¿Por qué se insiste en mantener una política mediocre y violatoria a los derechos que resultan peores que las drogas, y que quienes la mantienen la saben fracasada?
Al celebrar este 10 de diciembre el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, desde Casa Abierta reiteramos nuestro llamado al presidente de la República de aplicar en nuestra sociedad los sabios conceptos que ha emitido en eventos internacionales. Es tiempo de entender que la lucha contra las drogas no debe ser contra las personas inocentes. Las personas procesadas injustamente deben volver a sus familias. Ese sería un gesto de sensibilidad humana, y de respeto a la integridad, dignidad y los derechos humanos, a los que se compromete todo gobernante al jurar la Constitución.
