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El Riachuelo de Buenos Aires ostenta un título tan repulsivo como el hedor que desprende y que inunda los barrios por los que cruza: es el río más contaminado de Argentina y uno de los cinco con mayores niveles de polución del planeta.
En su recorrido de apenas 64 kilómetros, el Matanzas-Riachuelo –como se llama- lleva mucho más que agua: mercurio, cadmio y una larga lista de metales pesados, casi 9.000 toneladas de chatarra, barro contaminado hasta un metro por debajo del lecho.
Las dioxinas carcinogénicas, que no se ven, y el humo, que sí, completan un paisaje devastado a apenas tres kilómetros del centro de la capital argentina.
La zona de la cuenca alberga además al 15% de los habitantes del país- agrupados en asentamientos y villas de emergencia donde el índice de pobreza alcanza 45%. El 35% carece de agua potable.
La limpieza del Riachuelo es una mancha negra en el historial ecológico de los últimos gobiernos. Los US$250 millones que entregó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1998 se esfumaron hace rato y sólo una tercera parte de aquel dinero se usó para el fin con el que había sido dado.
Ahora, y tras un inédito fallo de la Corte Suprema en 2008 que conminó al Estado a sanear el río. Un préstamo de US$840 millones del Banco Mundial deberá invertirse en la titánica tarea.
Hace unas semanas, fue nombrado un nuevo ministro de Medio Ambiente, Juan José Mussi, que señaló que colocará al Riachuelo entre sus prioridades. Tiene un plazo perentorio: el 1 de febrero, según determinó la justicia, deberá presentar un plan para erradicar viviendas precarias de las márgenes del río.
