Santo Domingo. Los candidatos presidenciales en la República Dominicana deben abordar, en sus plataformas de campaña, la urgente necesidad de reformar la policía, dijeron seis organizaciones sociales y de derechos humanos en el Día Nacional de la Policía sugiere el organismo Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, Participación Ciudadana, Lucha X tus derechos y la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional han hoy unido sus voces para incentivar a los candidatos presidenciales a buscar soluciones a la crisis de seguridad pública en el país que favorezcan el respeto de los derechos humanos.
“Los índices de asesinatos policiales y las alegaciones de tortura en la República Dominicana son tan alarmantes que merecen un espacio privilegiado en la agenda de campaña,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.
“El día de la policía es una gran oportunidad para que los candidatos presidenciales comiencen a hacer una reflexión sobre el papel de la policía ante la situación de inseguridad pública en el país y desarrollen propuestas concretas para reformar la policía,” dijo Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional también hizo un llamado a las autoridades dominicanas a adoptar una ley orgánica de la policía que facilite el fin de los abusos policiales, el acceso a la justicia por parte de las victimas de abusos y que permita un control eficaz de las fuerzas de seguridad.
Las organizaciones insistieron en que cualquier reforma de la policía Dominicana debe tener lugar con la participación de la sociedad civil.
“Cuando estos agentes, quienes actúan en el ejercicio de sus funciones, dan muerte a un ciudadano y no son debidamente castigados si se comprueba que han actuado abusando de su poder, lo que estan diciendo como Estado es que no les importa el hecho de que se violen los derechos humanos, cuando se tiene precisamente la obligación de garantizar la convivencia pacífica, y de responderle en estos casos a las víctimas”, señaló Orlidy Inoa, Representante del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho.
Por su lado, Participación Ciudadana manifestó: “La cantidad de ciudadanos muertos a manos de la policía no solo llena de intranquilidad a la familia dominicana sino que es un signo escandaloso, negador del estado de derecho que debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las futuras autoridades del país deben comprometerse con la paz y el desarrollo poniendo fin a tan negativa practica ya impuesta en nuestro país”.
«Nos preocupa que a pesar de numerosas denuncias a nivel nacional e internacional la situación de apresamientos ilegales a través de redadas policiales, la tortura, las agresiones físicas y verbales y las ejecución extrajudiciales, continúan con más fuerza en la actual jefatura Policial y con más vigor en estos dos meses que van del 2012,» dijo el doctor Manuel María Mercedes Medina de la CNDH.
“Las prácticas policiales abusivas, la corrupción difundida, la debilidad de los controles internos y externos son elementos interconectados que limitan enormemente la capacidad de la policía nacional de cumplir con su papel de protección a la ciudadanía en la República Dominicana,” dijo Amnistía Internacional.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos, además, hoy harán entrega en el Palacio Presidencial de cientos de firmas provenientes de numerosos países que piden al Presidente Fernández que su gobierno tome todas las medidas necesarias para elaborar e implementar reformas efectivas de la policía.
Según la Procuraduría General de la República Dominicana, durante 2011, la policía mató a 289 personas, frente a 260 el año anterior.
De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los primeros 45 días de 2012, entre 25 y 30 personas murieron en los denominados “intercambios de disparos” con la policía.
Más de una décima parte de los todos los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.
La gran mayoría de los casos no son adecuadamente investigados y los responsables de los asesinatos, no enfrentan la justicia.
El pasado 14 de enero, Lucy Villa Faña Cedeño, de 25 años y madre de dos niños, murió tras recibir una serie de disparos por parte de la policía en la Romana.
Según la policía nacional, Lucy recibió los disparos en medio de un altercado armado entre agentes de seguridad y otros individuos. Pero de acuerdo a una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, testigos desmintieron que el hombre que enfrentaba a la policía estuviese armado.
El 18 de enero la policía informó que el teniente involucrado en aquel incidente había sido suspendido y enviado a la justicia. El abogado de Lucy depositó una querella pero no tiene indicaciones de que la Procuraduría este efectivamente investigando
