Por: José Acosta / EDLP

Alto Manhattan. Nueva York.  Como muchos dominicanos, Andrés Castillo, de 72 años, varias veces al año recoge la ropa usada de su casa, la empaca en una caja o un tanque, y la envía a su familia en la isla, como una forma de aliviar algunas de sus necesidades económicas.



«Yo envío camisas, pantalones y zapatos usados a mis tres hijos que viven en Santo Domingo y a muchos de mis primos», dijo Castillo. «Allá la vida es muy cara, y resulta dificultoso para una persona pobre sacar dinero de su bolsillo hasta para comprarse una camisa», señaló.

Castillo tendrá que buscar otra manera de hacerlo. Según dueños de compañías de envíos, a partir de hoy, la Dirección General de Aduanas de Dominicana, prohibirá la entrada de ropa usada a la isla, restableciendo la ley 458, una legislación aprobada hace 39 años.



En una carta firmada por Carlos Blanco Fernández, director corporativo de Aduanas, la agencia le comunicó a los negocios de envíos de paquetes, «que a partir del primero de agosto del presente año, la ropa y zapatos usados que se encuentren en los diferentes envíos serán decomisados».

Charles Canaan, presidente de Salcedo Cargo Express, quien recibió la notificación de Aduanas, aseguró que algunos empresarios de este sector se han trasladado a Santo Domingo a protestar contra esta medida que afecta sus comercios.

Denuncias de la diáspora

Según Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior, Aduanas «está tergiversando» la ley de 1973.

La 458 fue establecida por el presidente Joaquín Balaguer, porque en aquel tiempo se hacían cuantiosas importaciones de prendas de vestir y otros artículos, puestos en desuso por clínicas y hospitales o de procedencia indeterminada, llevadas al país con fines comerciales, lo que fue visto como vehículo de enfermedades contagiosas.

La antigua ley, sin embargo, excluyó «las prendas de vestir, objetos de tocador, ropa de cama o de mesa, muebles de casa, loza y cubertería de cocina que hayan servido para el uso personal de pasajeros o de familiares».

De modo, según Padilla, Aduanas, «no puede prohibir a una persona que le envíe ropa usada a un familiar, por dicha ropa no es de origen desconocido».

«Ya los envíos de efectos contaminantes al país han sido descontinuados, por lo que esta legislación no tiene razón de ser», dijo Padilla. «Si Aduanas aplica esta ley como lo ha dispuesto, va a afectar a todas las personas que envían ropa usada a sus familiares como soporte humanitario».

La importación de ropa usada pasó de 1,887 toneladas en 2005 a 22,515 en 2012.

Competencia desleal

El restablecimiento de la ley 458 se hizo a pedido de los empresarios de la isla, entre ellos la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la Unión Nacional de Empresarios, y la Asociación Dominicana de la Industria Textil, las cuales argumentan que la venta de ropa ilegal crea una competencia desleal para su sector.

Las entidades empresariales destacaron además que la ropa usada «es una amenaza para la salud de la población, pues en éstas se pueden transferir enfermedades y hasta plagas, así también insectos, como piojos, pulgas, ácaros y chinches, entre otros».

Los empresarios calculan que actualmente ese negocio mueve anualmente 1,000 furgones contenedores, con 25,000 toneladas de productos textiles, dentro de las cuales «puede venir cualquier cosa» de contrabando.