Al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el panorama en el país se presenta con sombras y luces. Al 30 de octubre, 163 mujeres han muerto víctimas de feminicidios, 75 registrados como íntimos y 88 no íntimos. Las provincias que registran mayor cantidad de feminicidios son la de Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, La Altagracia y Santiago.
Una noticia alentadora, es que al 30 octubre de este año, el registro de feminicidios presenta una diferencia de 41 feminicidios menos en relación al 30 de octubre de 2011. Creemos que puede estar impactando de manera positiva los esfuerzos desplegados por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, además del trabajo de movilización social de las organizaciones feministas, de mujeres y otros actores de la vida nacional. Hay que destacar la importancia que ha dado el Procurador General de la República a la violencia contra las mujeres y las niñas y el compromiso y la sensibilidad hacia el tema de dos Procuradoras Fiscales de importantes ciudades, nos referimos a Yeni Berenice Reynoso y Olga Diná Llaverías.
Sin embargo, a pesar de esa tendencia positiva en la reducción de los casos de feminicidios, es altamente preocupante, el retroceso que se pretende imponer desde el Código Penal, al eliminar la sanción a la violencia de género contra las mujeres; al considerar “grave” la violencia intrafamiliar sólo cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días; reducir la pena al acoso sexual; sancionar como Femicidio sólo el asesinato de una mujer cuando es cometido por su pareja actual o pasada; sancionar la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, aún cuando peligre la vida de la mujer; reducir la pena al acoso sexual y encubrir la violación sexual a una menor de edad.
Demandamos, un enfoque y abordaje integral de la violencia contra las mujeres y las niñas por parte de las autoridades, que no se limite sólo a la violencia intrafamiliar, sino que la contemple en todas sus dimensiones y tipos; una mejora significativa del acceso de las mujeres a la justicia en los casos de violencia; mejora en la calidad y cobertura de los servicios de prevención y atención; que se elimine la figura de la conciliación para los casos de violencia; que se garantice un efectivo cumplimiento de las órdenes de protección; que se mejore el sistema estadístico y de registro; que se amplíen los servicios de reeducación de los agresores y que se contemple el presupuesto adecuado para cumplir con los planes y políticas en materia de violencia.
Llamamos la atención de manera especial, al Ministerio de Salud para que asuma la violencia contra las mujeres y las niñas dentro de sus prioridades de políticas. Al 30 de octubre, también han ocurrido 140 muertes maternas, que sumadas a los 163 feminicidios, asciende a 303 mujeres muertas por causas evitables en su gran mayoría. Lo que constituye una tragedia nacional.
También queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que a la fecha, la magistrada Roxanna Reyes, Procuradora Adjunta de la Mujer, una figura clave en el trabajo para la prevención y la sanción a la violencia contra las mujeres y las niñas, aún no haya sido ratificada en su puesto. Consideramos oportuna la ocasión del 25 de noviembre, para que salgamos de la incertidumbre que tal situación acarrea, ratificando a dicha magistrada.
Por Sergia Galván Directora Ejecutiva Colectiva Mujer y Salud
