La presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti de Valiente, reveló este lunes que el gobierno deja de percibir 1,100 millones de pesos anuales por el no pago de impuestos de las empresas que están instaladas en la zona fronteriza, pero que comercializan sus productos a nivel nacional. Explicó que de 90 empresas que tienen permiso para instalarse en la zona fronteriza, hay 50 ya instaladas que comercializan sus productos en todo el territorio nacional, generando 4000 empleos directos.
Detalló que el propio Estado ofreció esa cifra cuando estaba implementando la reforma fiscal el pasado año, ya que si se divide 1,100 por cada empleado, el total es 4 mil personas trabajando, eso le cuesta al Gobierno 250 mil pesos, lo que es igual a la cantidad ya citada.
Dijo que eso es desastroso porque “al dejar de pagar los impuestos a través de la Ley 28-01, que protege a las empresas que operan en la frontera, el Estado deja de percibir 250 mil pesos por cada empleado”.
Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo para las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, está a punto de cumplir 11 años, y Bonetti de Valiente dice que su revisión es inminente, ya que en vez de incentivar el empleo sólo ha servido para crear privilegios en detrimento del Estado.
Recordó que mientras la Cervecería Nacional Dominicana lleva más de 100 años instalada en la George Washington y paga impuestos, deba trasladarse la frontera, como piden algunos congresistas, para no pagar impuestos.
Ligia Bonetti de Valiente expresó que la entidad que representa entiende que eso es competencia desleal, ya que la Estrategia Nacional de Desarrollo especifica en su marco conceptual que todas las empresas que operen el país deben pagar impuestos.
“Lo que no se explica es como una empresa que fabrica un producto en la frontera, lo comercialice en el todo, y no pague el 18% del ITBIS, ni el impuesto selectivo al consumo, porque está libertada de esos
gravámenes, porque la ley lo protege, es decir que la empresa está instalada en la frontera y está exenta, eso es competencia desleal”, sostuvo.
La Asociación de Industrias (AIRD) advirtió el grave daño que se hace al sector industrial, a la imagen del país y a la seguridad jurídica, permitir que una ley fomente la competencia desigual, en franca violación a principios fundamentales de la Constitución dominicana.
Fuente EL Nuevo Diario
