Santo Domingo. El Centro Bonó abrió el Análisis de Coyuntura del mes de junio planteando que el mejor modo de abordar el tema de la seguridad ciudadana es desde un enfoque de derecho y prevención, que promueva la cultura democrática y la institucionalidad.
Explicó que la seguridad ciudadana “no ha de enfocarse como una cultura militar- autoritaria de origen trujillista que exacerba la violencia cotidiana en el espacio público y privado, lo que puede tener como consecuencia un aumento en la inseguridad”.
Una definición de seguridad ciudadana orientada a medidas represivas da pie a políticas erróneas sobre el tema. En América Latina, el predominio de este enfoque es resultado de los años en que campearon los gobiernos militares, que confundían seguridad ciudadana con seguridad nacional: “Está probado que la solución militarista no hace más que reforzar el crimen organizado. La seguridad es responsabilidad del Estado y un derecho de las personas”.
El enfoque de derecho defiende la seguridad ciudadana como una responsabilidad estatal que delimita muy bien la participación de la ciudadanía. El Bonó rechaza las soluciones privadas como la proliferación de compañías privadas de seguridad o el porte personal de armas de fuego, por entender que no solo no resuelven sino que agravan la vulnerabilidad de la ciudadanía. “Parte de las soluciones pasan por definir una política de desarme que prohíba el porte de armas a la población civil, y regule de forma estricta su tenencia”, apunta el Centro.
Dice el Bonó que el enfoque de derecho tiene en la institucionalidad una parte esencial del esquema de seguridad. Así, es necesario promover una reforma policial que se enfoque en la profesionalización de la Policía, poniendo el énfasis en labores preventivas: “Deben crearse verdaderas escuelas de formación policial y órganos especializados de investigación científica que evalúen regularmente los nuevos focos de inseguridad”.
Explica el Centro que es imprescindible tener una “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana” periódica coordinada por un organismo especial del Ministerio del Interior y Policía que proponga soluciones preventivas, desactive las demandas de mano dura y aumente la sensación de seguridad en la ciudadanía.
Pero la institucionalización también debe reforzar la labor del Ministerio Público y adscribir a éste órganos especiales de investigación de delitos, como es el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que también debe desmilitarizarse. Igualmente, debe formar parte de un plan de seguridad el acceso a la justicia y la confiabilidad en la misma. “Si los grandes robos del erario o el tráfico de influencia no son castigados, ¿qué pensará el ciudadano común? Pensará que aquí se puede delinquir sin consecuencias”, agrega el Bonó.
Además, el Centro Bonó alerta sobre la “criminalización de los pobres”, práctica que asocia a la pobreza con la inseguridad y delincuencia, cuando diferentes estudios han señalado a la impunidad, la violencia policial, el número de armas en la calle, el tratamiento inadecuado de los espacios públicos, la ausencia de alumbrado de las calles y el déficit de convivencia como factores que explican en mayor medida el aumento de los índices de inseguridad (especialmente en las cifras de robos y asesinatos).
Para el Centro Bonó, las reacciones del Gobierno en los últimos días han enviado malas señales que hacen temer por el Plan de Seguridad Ciudadana que se está promoviendo. En primer lugar, el Plan de Seguridad que se ha presentado no parece sustentado en un diagnóstico adecuado de la realidad de la inseguridad en el país, sino sobre representaciones de las causas de la inseguridad propias de una cultura autoritaria. En segundo lugar, los torpedeos recibidos por el presidente y su equipo por parte de sectores políticos de derecha con raíces trujillistas evidencian obstáculos serios a que se adopte un enfoque democrático de la seguridad.
Tercero, la inclusión de fuerzas militares en los ensayos del plan llamado “Vivir tranquilo” evidencia una continuidad en el enfoque militarista de “seguridad nacional”. Además, este plan vuelve a criminalizar la pobreza en el lenguaje con que se expresa. La exclusión social que crea violencia encuentra sus fuentes del lado de los grandes, sobre todo de grandes políticos y militares corruptos, no de los pequeños. Cuarto, la dificultad que tienen las víctimas de la inseguridad para acceder a la justicia cuando no tienen respuesta de sus casos, por el manejo deficiente de las pruebas periciales de los actos delincuenciales, que lleva a los tribunales a soltar los delincuentes. Quinto, la noticia de que Obras Públicas ha creado su propio organismo de seguridad en una zona de la ciudad es síntoma de la profundidad del desorden institucional que afecta al gobierno dominicano.
Finalmente, el Centro Bonó llama a los sectores de la sociedad a que sigan profundizando la reflexión sobre la seguridad ciudadana en términos más democráticos y de derechos, que contribuyan a construir un plan coherente de la participación de las organizaciones sociales, sobre todo de los sectores populares, en el debate nacional sobre el tema.
Por Milossis Liriano
