WASHINGTON. En diciembre y durante algunas horas los parlamentarios estadounidenses debatieron públicamente acerca de la ley que rige el programa de vigilancia de internet PRISM, cuya revelación por Edward Snowden la semana pasada, desató un escándalo planetario.
Los principios de ese programa eran de conocimiento público desde hace años.
Snowden, ex subcontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), no ha hecho en realidad más que revelar al Washington Post y a The Guardian el modo operativo del programa, dejando al descubierto la facilidad con que la NSA accede a las comunicaciones que transitan por nueve sitios de internet, entre ellos Google, Facebook y aquellos que pertenecen a Microsoft.
«No sólo el Congreso está al tanto sino que la justicia debe autorizar» los controles, dijo el viernes el presidente Barack Obama.
Los sitios internet desmintieron al unísono haber concedido «acceso directo» y total a los espías estadounidenses, pero indicaron que obedecían a los pedidos de cooperación avalados por la justicia.
La base legal se encuentra en el artículo 702 de la ley llamada «FISA Amendment Act», de 2008, cuya validez el Senado extendió hasta 2017 por una muy amplia mayoría de votos (73 a 23) el 28 de diciembre.
Esta norma había sido votada para reemplazar y dar marco legal al programa de escuchas secretas y sin mandato de justicia creado bajo la presidencia de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Reveladas por el New York Times en 2005, las escuchas fueron luego colocadas bajo control del Congreso y del poder Judicial.
La ley establece diferencias de trato entre los extranjeros que viven fuera de Estados Unidos y los estadounidenses o extranjeros que viven en Estados Unidos.
Para vigilar a un ciudadano estadounidense o un residente en el país, los servicios de inteligencia deben justificar su solicitud y obtener una orden judicial individual ante una corte secreta de 11 miembros, encargada desde 1978 de autorizar las escuchas.
Pero los extranjeros residentes fuera del territorio nacional no disponen de estas protecciones constitucionales. El Congreso dio a los espías prácticamente carta blanca.
«El artículo 702 otorga al gobierno nuevos poderes para controlar las comunicaciones de personas que se supone extranjeras y que viven fuera de Estados Unidos», explicó el 27 de diciembre el demócrata Ron Wyden.
Esta disposición «no necesita de la obtención de una orden individual. Permite en cambio al gobierno obtener lo que se llama una orden de programa», agrega.
La orden tiene una validez de un año entero «y autoriza al gobierno a recoger un número potencialmente elevado de llamadas telefónicas y correos electrónicos, sin que sea necesario que los remitentes y los destinatarios estén conectados al terrorismo o al espionaje».
«La supervisión por el poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo ha sido muy rigurosa en estos cuatro años», dijo entonces la todopoderosa presidenta de la Comisión de Inteligencia Dianne Feinstein. Los miembros habilitados del Congreso reciben informes semestrales y presentaciones periódicas.
«Algunos planes de atentados fueron desbaratados gracias a este programa. Es un programa vital», dijo la legisladora.
