En Quebec, Canadá, los alojamientos turísticos que operan mediante plataformas como Airbnb deben cumplir requisitos de registro, identificación y seguridad. Este modelo ofrece una referencia para República Dominicana, donde las autoridades también estudian mecanismos para regular los alquileres vacacionales de corta duración.
Una fotografía tomada recientemente en un alojamiento turístico de la provincia canadiense de Quebec muestra un certificado oficial de registro colocado en un lugar visible para los huéspedes. El documento, emitido bajo la autoridad del Ministerio de Turismo provincial, permite identificar la categoría del establecimiento y comprobar que cuenta con un registro turístico.
La imagen evidencia una práctica establecida por la legislación de Quebec: los establecimientos de alojamiento turístico sujetos a registro deben exhibir su certificado a la vista de los clientes, como parte de las medidas de transparencia y supervisión del sector.
En Quebec no basta con anunciar una propiedad en Airbnb
En esta provincia canadiense, quienes ofrecen viviendas, apartamentos y otros espacios para alojamiento turístico de corta duración deben cumplir las disposiciones establecidas por la Ley sobre Alojamiento Turístico y sus reglamentos.
El sistema contempla la inscripción de los establecimientos, la presentación de documentación sobre el inmueble, el cumplimiento de las normas municipales correspondientes y la contratación de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de dos millones de dólares canadienses por reclamación.
Los operadores también deben mantener vigente su registro y cumplir los requisitos correspondientes a la categoría de alojamiento.
Conviene aclarar que Canadá no posee una regulación única para Airbnb. Las provincias y los municipios pueden establecer condiciones diferentes, por lo que las disposiciones de Quebec no necesariamente son las mismas que se aplican en Toronto, Vancouver u otras ciudades del país.
Las plataformas digitales también tienen obligaciones
Uno de los aspectos más importantes del modelo de Quebec es que las responsabilidades no recaen exclusivamente sobre los propietarios de los inmuebles.
Las plataformas digitales que facilitan las reservaciones deben verificar la documentación de registro de los establecimientos anunciados y comprobar que la información corresponda a una inscripción vigente.
Asimismo, los anuncios de alojamiento turístico deben mostrar el número de registro correspondiente, permitiendo que los usuarios puedan identificar el establecimiento anunciado.
El incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones económicas para los operadores y las plataformas, de acuerdo con la naturaleza de cada infracción.
República Dominicana estudia medidas similares
La experiencia canadiense resulta especialmente relevante para República Dominicana, donde el crecimiento de los alquileres turísticos mediante plataformas digitales ha generado debates sobre seguridad, formalización, competencia con los hoteles y supervisión de las propiedades.
En julio de 2026, el Ministerio de Turismo dominicano sometió a consulta pública propuestas para establecer el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur), concebido como un mecanismo para identificar y formalizar los inmuebles destinados al alquiler turístico de corta duración.
Entre las medidas planteadas figuraban la emisión de credenciales visibles para los alojamientos y obligaciones de verificación para las plataformas digitales.
Posteriormente, en septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader confirmó que el Gobierno continuaba estudiando la regulación de esta modalidad de hospedaje, incluyendo sus efectos sobre el mercado inmobiliario.
¿Qué podría copiar República Dominicana?
El modelo de Quebec ofrece varias prácticas que podrían servir de referencia para fortalecer la regulación dominicana, particularmente la identificación verificable de los establecimientos turísticos.
Una de ellas consiste en exigir que los apartamentos, villas y viviendas destinados al alquiler vacacional dispongan de una credencial oficial que pueda ser consultada por los huéspedes antes de realizar una reservación.
Otra posibilidad sería establecer la obligación de exhibir esa credencial dentro de los alojamientos, en un lugar visible, de manera que los visitantes puedan comprobar que el inmueble está registrado ante las autoridades competentes.
También resultaría importante que Airbnb y otras plataformas digitales tengan responsabilidades claras en la verificación de los establecimientos anunciados.
Estas medidas podrían contribuir a mejorar la transparencia del mercado, facilitar la supervisión y ofrecer mayores garantías a quienes utilizan este tipo de hospedaje.
La seguridad del turista como prioridad
La regulación de los alquileres vacacionales no debe limitarse a establecer impuestos o mecanismos de recaudación.
También debe contemplar la seguridad de los huéspedes, la identificación de los responsables de las propiedades, las condiciones de los inmuebles y los procedimientos disponibles para presentar reclamaciones.
Para República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, contar con mecanismos de identificación y verificación podría representar una herramienta adicional para fortalecer la confianza de los visitantes.
Sin embargo, cualquier regulación debería equilibrar la protección de los turistas con los derechos de los propietarios, las oportunidades económicas de los pequeños anfitriones y la necesidad de evitar trámites excesivamente complejos.
Una experiencia que invita a reflexionar
El certificado exhibido en un alojamiento de Quebec permite observar cómo una disposición legal se convierte en una práctica cotidiana y visible para los turistas.
No se trata únicamente de registrar una propiedad en una base de datos gubernamental, sino de ofrecer información que facilite su identificación y supervisión.
En República Dominicana, donde las autoridades ya han presentado propuestas de regulación, la experiencia canadiense podría servir para evaluar la implementación de mecanismos similares, adaptados a la realidad del mercado turístico nacional.
La pregunta no es solamente si República Dominicana debe regular los Airbnb, sino cómo hacerlo de manera que se proteja al turista, se garantice la transparencia y se permita que esta actividad económica continúe desarrollándose de forma organizada.
