Santo Domingo. El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), doctor Víctor Terrero, pidió al Ministerio de Salud Publica investigar la denuncia de que médicos del hospital regional José María Cabral y Báez se negaron a atender a una persona con VIH.
“La Ley 135-11 de VIH y SIDA, en sus artículos 4 y 10, es clara en relación al derecho que tienen las personas con VIH y SIDA a recibir atención en todos los centros hospitalarios del país sin cortapisas, sin limitaciones, sin reparos y sin ningún tipo de exclusión”, precisó el funcionario.
El pedido fue hecho a través de un documento enviado a los medios de comunicación, en el cual el doctor Terrero asegura que tras conocer la información de la denuncia hecha por un ciudadano que aseguró que su madre fue rechazada en el hospital porque vive con VIH.
Refirió que la nueva legislación sobre VIH es enfática al reconocer el derecho a las personas con VIH a una atención en salud sin restricciones de ningún tipo.
“Además –puntualizó- nadie debe olvidar que la Constitución de la República establece el principio de igualdad para todos los ciudadanos, y quien lo contraviene está violentando uno de los pilares en que se fundamenta el estado de derecho”.
Explicó que la Ley de VIH ha definido claramente los protocolos de atención integral, por lo que no hay ningún motivo que justifique le negativa en los centros hospitalarios.
Advirtió que los médicos que ejercen la discriminación en perjuicio de las personas con VIH se arriesgan a enfrentar consecuencias morales, profesionales y judiciales.
Terrero citó el artículo 82 de la Ley 135-11 sobre VIH y SIDA establece claramente que “los centros y establecimientos de servicios de salud acreditados para tales fines por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tales como hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico, odontológicos u otros de esta misma naturaleza, que nieguen la provisión de servicios de salud a personas que viven con el VIH o con SIDA, serán sancionados con el pago de una multa de 15 a 25 salarios mínimos”.
Y más adelante expresa: “Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente Ley a los centros y establecimientos de salud las personas físicas encargadas de prestar servicios de salud que, por acción u omisión, infrinjan los derechos establecidos en la presente ley, serán sancionados con multas de 10 a 30 salarios mínimos”.
El director del CONAVIHSIDA reiteró el llamado a los profesionales de la salud a ofrecer a las personas con VIH y SIDA, no solo servicios con calidad, sino también con calidez.
Indicó que la República Dominicana cuenta con mecanismos suficientes para hacer prevalecer el espíritu de la Ley, y dijo que los médicos que discriminen a los pacientes con VIH se exponen a una serie de sanciones.
El director del CONAVIHSIDA advirtió que mientras no se respeten los derechos de las personas con VIH y SIDA, la Repuesta Nacional a esa epidemia no logrará mayores resultados.
“La sociedad dominicana –añadió- tiene que entender que el estigma y la discriminación les restan calidad de vida a las personas con VIH, y dijo que esa práctica debe ser descontinuada inmediatamente.
Consideró que cuando se discriminan las personas con VIH no solo se está violando la Ley y contraviniendo el espíritu de la Constitución, sino que se está condenando a las víctimas al ostracismo y la exclusión, fortaleciendo el círculo que las hace más vulnerables.
El director del CONAVIHSIDA pidió al Ministerio de Salud que realice una investigación justa para establecer las responsabilidades que correspondan, a indicó que el caso de Santiago es una nueva oportunidad de debatir la discriminación y adoptar correctivos.
