Las aguas del Caribe siguen revueltas por causa de la sentencia emitida en septiembre pasado por el Tribunal Constitucional dominicano, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros “en tránsito” nacidos desde 1929 hasta ahora y que afecta especialmente a cuatro generaciones descendientes de haitianos. El presidente de San Vicente y las Granadinas ha pedido formalmente la suspensión de República Dominicana del Cariforum, un foro ampliado de la Comunidad del Caribe (Caricom) que agrupa a 16 naciones y amenaza con llevar el caso a la próxima cumbre de Petrocaribe en Caracas. Mientras, el Estado dominicano despliega una ofensiva internacional para tratar de frenar los efectos negativos de la decisión del tribunal que, a lo interno, cuenta con el apoyo de grupos nacionalistas radicales.
Desde que se produjo el fallo del máximo tribunal dominicano, el pasado 23 de septiembre, la Comunidad del Caribe y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las consecuencias que podría acarrear esta medida para la miles de dominicanos de origen haitiano. La primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, Kamla Persad-Bissessar, llamó a los miembros Caricom a reconsiderar la incorporación de República Dominicana como parte del grupo. Este martes, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, ha ido más allá, al pedir que el Gobierno de Santo Domingo sea suspendido del Cariforum, que sirve de bisagra entre las naciones del Caribe y sus socios comerciales de África y Europa. También ha amenazado con plantear el caso en la próxima cumbre de Petrocaribe, la alianza fundada en 2005 por iniciativa de Venezuela para vender petróleo barato a la región.
“San Vicente y las Granadinas ha liderado el camino, en nombre de Caricom y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la condena a la sentencia de la Corte y en el reclamo de que su Gobierno renuncie a llevar a cabo una decisión movida por los prejuicios e inaceptable”, ha escrito Gonsalves en una carta enviada este lunes al presidente dominicano, Danilo Medina, en la que además expresa su “profunda decepción por la actitud equívoca de su Gobierno”. “Hasta que su Gobierno no se ocupe de esta cuestión adecuadamente, no habrá ningún progreso sobre la candidatura de su país para entrar en Caricom”, le advierte Gonsalves, y añade que ya se ha puesto en contacto con el presidente venezolano Nicolás Maduro para tratar este asunto en la próxima cumbre de Petrocaribe, prevista para el próximo 16 de diciembre en Caracas.
Como respuesta, República Dominicana ha anunciado el envío de una comisión a Venezuela para explicar los alcances de la sentencia. El presidente Danilo Medina, quien inicialmente admitió tener reservas sobre algunos aspectos de la sentencia y prometió promover el diálogo entre los poderes públicos, se ha convertido en el más firme defensor de la decisión del Tribunal ante la comunidad internacional. Sus embajadores alrededor del mundo lideran la ofensiva contra lo que consideran “una brutal campaña de descrédito” contra su país.
En República Dominicana, varias organizaciones que se identifican como “nacionalistas” han promovido manifestaciones en apoyo a la sentencia del Constitucional y actos de repudio contra quienes la critican y contra las agencias internacionales y ONG que brindan apoyo humanitario a la comunidad haitiana en República Dominicana. Este miércoles, la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos del Sur de Santiago, que dice agrupar a 60 asociaciones comunitarias de la segunda ciudad más importante del país, han declarado “persona non grata” a Gonzalo Vargas Llosa, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Santo Domingo, y a Edwin Paraison, representante de la ONG Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) con sede en la provincia de Elías Piña, fronteriza con Haití.
“Si en un plazo de 90 días, esos extranjeros y ONG no abandonan República Dominicana, las protestas no cesarán en todo el país”, han dicho los portavoces de la Coordinadora a la agencia de noticias EFE. Al grito de “muerte a los traidores”, “ellos allá y yo aquí”, los manifestantes también quemaron un ejemplar de la novela La fiesta del chivo, escrita por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en rechazo a un artículo publicado por el escritor en el diario EL PAÍS –Los parias del Caribe—donde califica la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional como una “aberración jurídica”.
fuente: elpais.com
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